La Corte Suprema autorizó a convocar a empleados de la Justicia para actuar en las elecciones del domingo, ante la fuerte deserción de ciudadanos convocados para la ocasión.
En una acordada, el Máximo Tribunal hizo lugar a un pedido de la Junta Electoral, habilitando a que los funcionarios del Poder Judicial de la Nación, con categorías de Prosecretario Administrativo y superiores cumplan "con la función de autoridad de mesa receptora de votos".
La resolución de la Corte Suprema de Justicia aclara que esta medida es a los efectos de convocatoria y sólo se efectivizará en los hechos si "se verifica el supuesto previsto por el artículo 81 párrafo tercero del Código Nacional Electoral".
"Si hasta la 8.30 no se hubieren presentado los designados, la autoridad policial y/o empleado hará conocer tal circunstancia a su superior y éste a su vez por la vía más rápida a la Junta Electoral para que ésta tome las medidas conducentes a la habilitación del comicio", señala la acordada.
El Tribunal se expidió de esta manera "en orden a lo solicitado por la Junta Nacional Electoral y teniendo en cuenta lo expresado por la Cámara Nacional Electoral" y afirmó en su resolución que "corresponde disponer recaudos que, con carácter excepcional y subsidiario, permitan asegurar el normal desarrollo del acto comicial".
De tal manera, la Corte le pidió al Consejo de la Magistratura y a los presidentes de la Cámaras Nacionales de Apelaciones que "instrumenten la presente convocatoria con la debida notificación a quienes se encuentren en condición de desempeñar el cometido indicado y con comunicación a la Junta Nacional Electoral de la nómina que confeccionarán a tal efecto".
Para ello deberán notificar a quienes estén en condiciones de desempeñar la tarea "y con comunicación a la Junta Nacional Electoral de la nómina que confeccionarán a tal efecto".
Señaló el fallo de la Corte que "corresponde disponer recaudos que, con carácter excepcional y subsidiario permitan asegurar el normal desarrollo del acto comicial".
En tanto, un centenar de personas se presentó de manera espontánea en la secretaría electoral para ofrecerse como autoridad de mesa, de las cuales fueron aceptadas 40 por cumplir los requisitos exigidos en la ley.
La función de autoridad de mesa está remunerada con 60 pesos, es obligatoria y la ley prevé condenas de hasta dos años de prisión para el ciudadano que falte sin justificación.