La Corte aclaró que la decisión de convocar a funcionarios judiciales para cumplir con esa función “no exime” a los ciudadanos designados y recordó que siguen vigentes las penas previstas por no asumir la obligación.
La resolución tomada por la Corte Suprema de Justicia de convocar a funcionarios judiciales para que cumplan con la función de autoridad de mesa en la Capital Federal “no exime” a los ciudadanos designados para cumplir con esa responsabilidad cívica, que fueron oportunamente notificados.
Así lo señalaron fuentes judiciales que aclararon que la decisión de la Corte “es solo un resguardo y no exime a los ciudadanos designados para cumplir con esa carga pública, tal cual lo establece la ley”.
“Es preciso recordar que están vigentes todas las penas que dispone la ley para aquellos que no asuman dicha obligación, que van de seis meses a dos años de prisión en suspenso”, advirtió la fuente.
Ante la ausencia de autoridades de mesa, debido a que muchas notificaciones volvieron rechazadas, la Corte ofreció aportar funcionarios judiciales para resolver esta situación. De todos modos, según el Director Nacional Electoral, Alejandro Tullio, la tendencia se revirtió y este viernes la situación estaba “normalizándose”.
Esto se debe a que, según Tullio, fueron aceptadas el 57 por ciento de las notificaciones que el Correo Argentino entregó y a que en forma “espontánea” acudieron ciudadanos a la sede del organismo para cubrir esas ausencias.
En todos los casos, la Dirección Nacional Electoral verifica que las autoridades de mesa no tengan filiación política alguna para “garantizar la neutralidad de las autoridades de mesa”.
