En las elecciones presidenciales votaron alrededor de 5 mil internos bonaerenses. Todo se realizó con total normalidad.
En la jornada electoral, por primera vez, votaron los presos sin sentencia firme, en el marco de las modificaciones aplicadas al Código Electoral Nacional. La mayoría de los internos en condiciones de hacerlo están alojados en 49 cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Esta participación electoral de los internos se dio bajo los alcances de la ley 25.858, sancionada el 29 de diciembre de 2003 por el Congreso Nacional y reglamentada, por Decreto 1.291 del 25 de septiembre del año pasado, firmado por el presidente Néstor Kirchner.
La norma derogó el inciso D del artículo 3 del Código Electoral, que impedía la inclusión de los presos sin condena firme en los Padrones, lo cual violaba derechos consagrados en la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos.
La aplicación de esta nueva normativa permitió, además, que gran parte de la población carcelaria que carecía de documentación obtuviera su DNI, llegando a entregarse hasta mil documentos por mes.
Los internos también votaron candidatos para cargos ejecutivos y legislativos nacionales. Para sufragar, se implementó un sistema similar al aplicado en los Consulados, para los ciudadanos argentinos residentes en el exterior. Es decir, hubo una única boleta sobre la que el votante deberá marcar al candidato elegido.
Potencialmente, 80 por ciento de la población carcelaria bonaerense, algo más de 19.000 detenidos, estaba en condiciones de votar, pero esa cifra se redujo ya que, además de no tener condena firme, era condición haber tramitado su DNI para hacerlo.
Los detenidos emitieron el sufragio en la dependencia carcelaria, según informaron fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se utilizaron las instalaciones de las escuelas que funcionan en las penitenciarías.
La autoridad electoral fue el jefe de la unidad y cada mesa electoral tuvo un presidente, un presidente suplente y los fiscales. Todos ellos fueron designados por la Cámara Electoral Nacional, ya que los presos están imposibilitados para desempeñar esos cargos.
Los sobres cerrados, lacrados y firmados fueron enviados por Correo Argentino a la Cámara Nacional Electoral.
Respecto del padrón, salvo disposición judicial vinculada con el resguardo de la integridad física de los detenidos, estos no podían ser trasladados a partir de los 90 días previos al 28 de octubre. Y en caso de que se produjera un traslado, debía ser comunicado de inmediato a la Cámara Electoral Nacional.
El padrón fue integrado por unidad penitenciaria, por sexo y orden alfabético, teniendo en consideración sólo el apellido paterno. La nueva normativa creó el Registro de Electores Privados de Libertad
Emmanuel, uno de los 32 detenidos habilitados para votar en la Unidad 18 Gorina, manifestó: “estoy contento. A pesar de que tengo 27 años esta es la primera vez que voto. Es que siempre estuve preso. Ojala sea para que todo esté mejor”.
Por último, Fernando Díaz, jefe del SPB, destacó la importancia de integrar a los internos a los padrones electorales, “para que ellos también se sientan parte de la sociedad. Esta iniciativa colabora en el proceso de resocialización de las personas privadas de la libertad”.
