La Justicia Federal revocó el procesamiento de siete militantes que provocaron disturbios durante una sesión de la Cámara alta hace un año, causando la interrupción de la misma.
El hecho es recordado por todos y tuvo que ver con la aprobación de la ley de Hidrocarburos, en el Senado de la Nación.
En esa ocasión, el 11 de octubre de 2006, un grupo de supuestos militantes de la agrupación Quebracho que habían logrado ingresar hasta las galerías del Senado reaccionaron con gritos y lanzando panfletos, ante el tratamiento de esa norma.
El desorden incluyó el lanzamiento de bombas de mal olor.
Siete jóvenes fueron detenidos por esos sucesos, y procesados.
Ahora, la Cámara Federal revocó los procesamientos al considerar que no cometieron delito alguno. La decisión fue tomada por los camaristas de la sala I Gabriel Cavallo, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, que entendieron que “antes que una perturbación penalmente reprimida, cabe interpretar a los hechos como una expresión por parte de los manifestantes de disconformidad con la sanción de la ley de hidrocarburos”.
Los procesados habían ingresado al recinto diciendo ser estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata que realizaban un trabajo sobre el tema ambiental y su actitud obligó a suspender la sesión por espacio de doce minutos, durante los cuales la seguridad del Senado pidió al grupo que se retirase, lo cual fue acatado.
El apoderado legal de la Cámara alta radicó una denuncia policial y el juez federal Jorge Ballestero procesó a todos por el delito de “perturbación al ejercicio de la función pública”. Sin embargo, la medida fue apelada por la defensa de los jóvenes que argumentó que la intención sólo era “reunirse, expresarse y reclamar frente a un acto legislativo y no impedir que se le diera tratamiento al proyecto de ley de hidrocarburos”.
El tribunal de apelaciones le dio la razón, revocó el procesamiento y sobreseyó a los manifestantes.
“No puede dejar de considerarse a su vez que los imputados se retiraron del recinto en forma inmediata ante el pedido del personal de seguridad interno del Senado y que la interrupción que produjo esta manifestación alcanzo apenas los 12 minutos”, consideraron los jueces.
Además, enmarcaron lo ocurrido en el derecho a la “libre expresión” ya que “considerar que los hechos de este caso constituyen la perturbación de una sesión legislativa, es el resultado de una interpretación que dada su incompatibilidad con derechos fundamentales, desmorona el sistema normativo al que pertenece”.
