Los senadores aprobaron la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.

El proyecto pasó a Diputados, constituyéndose en el primer instrumento jurídico vinculante de carácter universal que reconoce que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, a la vez que reafirma el derecho a la reparación, a la justicia y a la verdad.

Según la Convención, se define como "desaparición forzada" al "arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley".

Asimismo se aprobó el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990, durante el Vigésimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

El documento que fue respaldado también por unanimidad por la Cámara alta dispone que los Estados firmantes del Protocolo no aplicarán la pena de muerte a ninguna persona sometida a su jurisdicción.

Por último, los senadores votaron por la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Al respecto el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el radical independiente Rodolfo Terragno, señaló que el objetivo del proyecto es "proteger efectivamente los derechos de las personas con discapacidades físicas, mentales y sensoriales" y "asegurar el pleno goce de sus derechos, su inclusión en la sociedad, la no discriminación y las medidas para implementar esta protección".