La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Poder Ciudadano y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) expresaron su preocupación pública por el dictado del decreto reglamentario de la Ley de Administración Financiera, por considerar que deja abierta la puerta a posibles injerencias sobre otros poderes del Estado (Poder Legislativo, Poder Judicial y Ministerio Público), al posibilitar que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo bajo la órbita del Poder Ejecutivo, pueda controlar las cuentas de los demás poderes.

“Una interpretación lineal del decreto 1344/07 permite inferir la posibilidad de que, en el futuro, el organismo de control mencionado asuma potestades en relación con las ejecuciones presupuestarias de los otros poderes. Pese a tratarse de un tipo de norma inferior, el decreto claramente va más allá de la ley que pretende reglamentar”, expresaron a través de un comunicado.

El mismo agrega que “el sistema de frenos y contrapesos que otorga potestades de control de algunos poderes sobre otros se encuentra limitado a las enunciaciones explícitas que efectúa la propia Constitucional Nacional. Estas, por ejemplo, otorgan al Congreso de la Nación potestades de control externo sobre el Poder Ejecutivo a través de la Auditoría General de la Nación, pero no así a la SIGEN para que controle al Poder Legislativo”.

“El dictamen aclaratorio emitido por la SIGEN no sirve para esclarecer la falta, pues es el propio Poder Ejecutivo a través de otro decreto modificatorio quien debe sanearla. Esta es una situación sumamente peligrosa para la salud de las instituciones de la República por lo que se solicita la inmediata rectificación de las normas cuestionadas”, destacaron las organizaciones no gubernamentales.

Al mismo tiempo, las organizaciones expresaron su preocupación por la reciente designación, por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, de sus tres representantes en la Auditoría General de la Nación, realizada de manera irregular por haber aprobado los nombramientos por una integración diferente a la que debía adoptar esa decisión. Además, las designaciones fueron efectuadas sin la publicidad, transparencia y participación de la ciudadanía que la elección de tan importantes cargos requiere.

En primer lugar, adviertieron que la designación de auditores generales fue realizada sin que los mandatos de los auditores salientes se encuentren vencidos. Por el contrario, sus mandatos caducan entre el 14 y el 15 de diciembre, por haber sido designados en esa fecha hace ocho años. Por ese motivo, los nombramientos deberían haberse efectuado en esas mismas fechas, tiempo en el que la composición de la Cámara será diferente y con ello podría modificarse la integración de cada en lo que refiere a la entidad del bloque que fuera la primera minoría.

Con independencia de la calidad profesional o técnica de los seleccionados, advirtieron que hubiera sido de vital importancia asegurar la información pública y la participación de la ciudadanía en un asunto con esta importancia. En este sentido, consideran que es imprescindible realizar modificaciones al sistema de selección de auditores generales.