Los diputados rubricaron el proyecto que ya contaba con media sanción del Senado, a través del cual se respalda la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.

Se trata del primer instrumento jurídico vinculante de carácter universal que reconoce a la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad, a la vez que reafirma "el derecho a la reparación, a la justicia y a la verdad".

Así las cosas, a partir del paso dado por los legisladores, Argentina se convirtió en el primer país en aprobar la Convención Internacional. De hecho, nuestro país había impulsado esta iniciativa.

La Convención define como "desaparición forzada" al "arresto, la detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado".