Un proyecto de ley que establece dar de baja las jubilaciones de privilegio que perciben civiles que se desempeñaron como funcionarios públicos durante la última dictadura tuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados y será debatida en el recinto este miércoles.

La Comisión de Previsión y Seguridad Social que preside el Diputado Nacional Enrique Thomas y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo del Diputado Carlos Snopek, aprobaron el proyecto de ley de los diputados Ferrigno, Thomas, Carloto, Massei ,Conti y Méndez de Ferreyra, por el cual se determina la anulación de los beneficios previsionales contributivos y no contributivos otorgados a funcionarios públicos del llamado Proceso de Reorganización Nacional, entre los años 1976 y 1983.

Dicho proyecto fue presentado en el 2006 y abarca a todos aquellos funcionarios que se hubieren desempeñado como Presidente de la Nación, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado, en organismos centralizados y en entidades descentralizadas de la administración pública nacional durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, comprendido entre los años 1976 y 1983.

“No soy partidario de las jubilaciones de privilegio, y menos aún de aquellas que les fueron dadas sobre la base de ocupar ilegítimamente un cargo en un Poder Ejecutivo que se hizo famoso en el mundo entero por violar todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos argentinos, formando parte de la peor dictadura de nuestra historia”, expresó el diputado Thomas, quien además de ser el Presidente de la comisión de Previsión, es coautor del proyecto.

Según la iniciativa, se suprimen todos los beneficios obtenidos en reconocimiento de los cargos y/o funciones que hayan sido otorgados al amparo de regímenes o leyes especiales. Lo dispuesto en el proyecto no impide la invocación de servicios, de las personas que están comprendidas , los cuales se computarán para el eventual acceso a un beneficio previsional del régimen público ordinario.

La Corte Suprema de Justicia consideró derechos adquiridos sólo desde el fallo para atrás, por lo que esas personas no deberían devolver el dinero que hayan percibido, pero desde el momento en que se apruebe dejaran de cobrar los privilegios y pasaran a percibir la jubilación en base a los años que debían tener para jubilarse y los aportes que hubieran hecho.

Entre las personas que cobran esta jubilación se encuentran: Alfredo Martínez de Hoz, Jorge Zorreguieta (padre de la princesa Máxima de Holanda), Roberto Alemann (ex ministro de Economía de Leopoldo Galtieri), Lorenzo Sigaut (ministro de Economía de Roberto Viola), José Maria Dagnino Pastore (ministro de Economía de Reynaldo Bignone), Juan Alemann (secretario de Hacienda de Videla), Ricardo Bruera (ministro de Educación de Videla), Juan José Catalán (ministro de Educación de Videla), Juan Llerena (ministro de Educación de Videla), Sergio Martiri (ministro de Obras y Servicios Públicos de Galtieri), Conrado Bauer (ministro de Obras y Servicios Públicos de Bignone), Amadeo Frúgoli (ministro de Justicia de Viola y de Defensa de Galtieri),
Adolfo Navajas Artaza (ministro de Acción Social de Bignone), y Jorge Rubén Aguado (secretario de Agricultura de Viola).

El régimen especial de retiros se basa en tres ítems: 1) que se trate de un haber otorgado por una ley especial; 2) que al momento de jubilarse la persona tuviera menos de la edad requerida por el régimen general, y 3) que la jubilación supere los 3100 pesos.

Asimismo mientras que para determinar las jubilaciones ordinarias se toma un promedio de las rentas o remuneraciones percibidas durante la etapa activa, en las jubilaciones de privilegio no se tiene en cuenta la cantidad de aporte previsional acumulado sino que se considera hasta el 85% del ultimo sueldo del periodo trabajado que generalmente es el mas alto.

La mayoría de los ex funcionarios civiles de la ultima dictadura cumplieron las tres condiciones. Otra característica que comparte la gran mayoría es que pidieron y les fue otorgado este beneficio antes del retorno de la democracia en 1983, salvo algunas excepciones como el caso del ex ministro de Economía Martinez de Hoz que la solicitó y le fue otorgada en 1991 antes de la derogación de los regímenes de jubilaciones especiales dispuesta por ley 23966.

Muchos de estos beneficios o privilegios quieren ostentar la categoría de derecho adquirido a fin de ser intocables, lo cual es muy discutible desde el punto de vista político y moral principalmente y en cierta medida también desde un punto de vista jurídico, ya que en la medida de que ellos fueron otorgados olvidándose las graves violaciones cometidas a los derechos humanos, se van a oponer a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por lo tanto, van a resultar constitucionalmente intolerables (art 75 inc 22 Constitución Nacional).

“No es posible que funcionarios que formaron parte de un gobierno en el que se violaron los derechos humanos y mucho de los cuales tienen causas penales por su actuación en ese periodo de facto, estén en situación de privilegio cobrando cifras elevadas en su jubilación en detrimento de aquellas personas que trabajaron toda su vida”, agregó Thomas.