Algo es algo, y las partes llegaron a un principio de acuerdo, que pondrá un poco de sosiego a la dura puja entablada entre gremialistas y legisladores en torno a los cambios deseados por las autoridades legislativas en el sistema de manejo porteño. Lo que se logró es que al menos los taxistas entraran en razones y aceptaran levantar el paro previsto para el 29 de noviembre próximo.

Eso sí: seguirán negociando.

Lo cierto es que los duros de este conflicto, el gremio de Peones de Taxis, accedieron a dejar sin efecto por ahora el paro. Fue al cabo de un encuentro que realizaron el titular de ese sindicato, Omar Viviani, junto a Hugo Moyano y el colectivero Roberto Fernández.

Según fuentes legislativas, los sindicalistas accedieron a “acompañar” el proyecto que se debate en la Legislatura, lo que implicará ciertos cambios en el mismo.

Lo cierto es que el proyecto comenzó a destrabarse a partir del visto bueno dado por los taxistas a la introducción de una serie de modificaciones.

La iniciativa fue analizada durante un encuentro que mantuvieron los presidentes de los bloques mayoritarios con las autoridades sindicales de taxistas, camioneros y colectiveros.

Según trascendió, el proyecto no será aprobado antes del 10 de diciembre, como pretendían originalmente en la Legislatura, sino que quedará para el período de sesiones extraordinarias y sí se espera que salga antes de fin de año.

Recordemos que el objetivo de los jefes gremiales ha sido siempre lograr modificaciones en el proyecto que prevé sanciones muy fuertes –suspensión de la licencia de conducir incluida- para los infractores frecuentes en el tránsito.

El encuentro se desarrolló en el despacho del vicepresidente primero de la Legislatura, Santiago de Estrada, y sirvió finalmente para acordar la creación de una comisión técnica que estudiará el régimen de licencia con puntaje y la “flexibilidad” que deberá tener para los transportistas.

Al salir del cónclave, los gremialistas anunciaron que el jueves próximo se realizará un encuentro de los equipos técnicos tanto legislativos como gremiales para empezar a trabajar en las modificaciones del proyecto.

Mucho más sosegado, Viviani dijo que “el proyecto debe mejorarse para que les sirva a todos. De todos modos, estamos conformes con la reunión porque se volverá atrás con algunos puntos”.

Uno de los puntos en los que se dará marcha atrás está vinculado con la verificación técnica de los rodados, que en el caso de los choferes profesionales está a cargo de las empresas y no de los conductores.

También serían morigeradas las penas por infracciones menores como tener los faros del auto rotos, aunque se mantendrá la severidad en los casos en que sea puesta en peligro la vida de los ciudadanos.

El proyecto, en su origen, establecía que todos los conductores tuviesen 20 puntos anuales, que se irían descontando a medida que se cometiesen infracciones. Cuando el automovilista se quedaba sin puntos, se dictaba su inhabilitación para conducir durante 60 días la primera vez y durante 90 días la segunda.

Las faltas más graves se penaban con quitas de entre 11 y 14 puntos; con quitas de entre 10 y 7 puntos, las faltas intermedias; con quitas de entre 6 y 3 puntos, las faltas moderadas.