La Cámara baja aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que establece que las ventas de cereales al exterior deberán ser registradas, mediante declaración jurada, ante la Autoridad de Aplicación, de la formaque determine el Poder Ejecutivo Nacional, quien deberá, a su vez, reglamentar los plazos de vigencia de dicha declaración.

El proyecto establece que “con la presentación de la declaración jurada se debe acreditar la adquisición de los productos objeto de la declaración y que la falta de acreditación o su falsedad, provocará la caducidad del registro efectuado”.

Al justificar su proyecto, el diputado demócrata progresista, Rafael Martínez Raymonda, señaló que “con la declaración del estado de Emergencia Pública, la salida de la convertibilidad y a fin de paliar el deterioro en los ingresos fiscales y el alza de los precios internos, el Poder Ejecutivo comenzó a evaluar la posibilidad de imponer derechos a las exportaciones (llamados retenciones) a los productos agropecuarios, entre otros”.

“Previo al establecimiento de los derechos de exportación que tuvo lugar a principios de marzo de 2002, o sea durante más de dos meses, se registraron ventas mediante declaraciones juradas de ventas al exterior por parte de los exportadores, que superaron varias veces los registros históricos de igual período en años anteriores”, relató Martínez Raymonda.

La misma situación se dio en octubre pasado, “cuando los medios de comunicación anticipaban el aumento de los derechos de exportación en razón del alza internacional de los precios. Y conforme a los anticipados anuncios el aumento se concretó”, dijo el diputado democrataprogresista.