Cuestionan el “apuro” por aumentar el ABL

Desde el kirchnerismo critican al macrismo por los cambios implementados en el gravamen en el recinto de la Legislatura.

Palabra autorizada en la materia por ser el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura porteña, Juan Manuel Olmos insiste en que se debió haber analizado más tiempo el proyecto aprobado en la madrugada de este jueves para incrementar la tasa de ABL.

Olmos se quejó por la urgencia del macrismo por impulsar esa modificación y la atribuyó al deseo de “recaudar más”.

Recordemos que en la sesión de esta semana, los legisladores porteños aprobaron finalmente el incremento para la ciudad de Buenos Aires, el cual regirá a partir del mes de enero. El proyecto aprobado divide a la región en 82 subzonas, donde se pagarán aumentos que van de entre 25 y 60 por ciento, según el barrio.

En declaraciones radiales, Olmos admitió que “se hizo un estudio de zona por zona del valor de la tierra pero no se analizó lo que hay arriba del terreno, y esto no se hizo porque necesitaba mucho más tiempo y había una urgencia de tenerlo aprobado para el año que viene para recaudar más”.

Según el diputado kirchnerista, “el impuesto estaba mal estructurado” porque tenía bases de datos que “había que actualizar”. Dio como ejemplo el hecho de que “hay dos millones de metros cuadrados construidos que están en catastro pero no en venta, y por consiguiente, no están volcados para que tributen como metros cuadrados construidos”.

También comentó que “existen mejoras realizadas en muchas viviendas que no se evalúan”, por lo cual la nueva norma genera “injusticias y asimetrías”.

Respecto a la creación del fondo de infraestructura para la realización de obras en la ciudad, que también fue aprobado.

“El macrismo había mandado un proyecto sin el detalle y pedimos que incluyera eso para saber cuáles son las obras pendientes, le pedimos que sea ratificado por el ejecutivo y que se establezcan pautas para que el dinero no pueda ser utilizado para otros fines”, dijo.

La medida involucra a cerca de 1.650.000 propiedades ubicadas en el territorio porteño.

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