El ex subcomisario fue procesado y deberá esperar en prisión el juicio oral.
Luis Patti fue procesado con prisión preventiva por la Justicia Federal de San Martín, en una causa por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura y deberá aguardar en prisión el juicio oral y público.
Fuentes judiciales informaron que el juez federal Alberto Suáres Araujo tomó la resolución al considerar a Patti autor de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravado, imposición de tormentos y allanamiento ilegal.
Además, el juez estableció que Patti permanezca con prisión preventiva hasta que se sustancie el juicio oral y público y le fijó un embargo sobre sus bienes de 2.000.000 pesos.
El ex subcomisario está acusado de haber participado en el secuestro y posterior desaparición del ex diputado del PJ Diego Muñiz Barreto, ocurrida en la zona de Ramallo, así como de los militantes Gastón Gonalvez, Carlos Souto, José Fernández y Guillermo
D` Amico.
Muñiz Barreto fue secuestrado el 16 de febrero de 1977 junto con su secretario, Juan José Fernández, y ambos fueron trasladados a la Unidad Regional de Tigre y finalmente fueron alojados en el centro clandestino de detención que funcionaba en el interior de Campo de Mayo.
El cuerpo de Muñiz Barreto fue encontrado luego dentro de un Fiat 128 en un arroyo cercano a localidad de Raíces Oeste, departamento de Villaguay, en la provincia de Entre Ríos; pero Fernández logró sobrevivir y relató lo ocurrido.
El testimonio de Fernández fue recogido en la Argentina y luego en el exterior por la Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu), que formaron en Europa varios exiliados políticos.
Patti se desempeñaba como oficial de la Policía Bonaerense en la comisaría de Escobar, y es uno de los principales sospechosos de haber participado de esos hechos.
Por el mismo hecho, el juez Suárez Araujo amplió los procesamientos de los ex represores Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Bignone y Eduardo Espósito, quienes podrán cumplir con la prisión preventiva en sus respectivos domicilios.
A los tres el juez les imputa los delitos de “privación ilegal de la libertad doblemente agravada” e “imposición de tormentos”, mientras que a Riveros y Bignone se le suman el de “homicidio agravado por alevosía”.
En su resolución, el juez traba embargos de 120.000.000 pesos para Riveros, 110.000.000 pesos a Bignone y 2.000.000 a Espósito.
El ex General Riveros comandaba la llamada Zona 4 donde ocurrieron los hechos, mientras que el titular del área 410 era Espósito.
Por último, Suárez Araujo declaró extinguida la acción penal contra el represor y jefe de operaciones del área Antonio Francisco Molinari, debido a su fallecimiento.
