Protección de bosques nativos para un desarrollo sustentable

Por Laura Sesma

“El árbol es riqueza “social” .No pertenece ni al que lo planta, ni al que lo cuida, ni al que lo vende. Menos al que lo tala y mutila.
O lo “mu-tala”. El árbol logrado pertenece a la comunidad.”
Deodoro Roca

Tras largos meses de demora finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados la denominada ley de bosques; con lo que se pusieron en evidencia las tensiones existentes entre progreso económico, inversiones y desarrollo sustentable.

El Senado dilató el tratamiento de la norma desde marzo de 2007 fundamentalmente por las objeciones de los representantes de las provincias del norte. Casi un millón y medio de ciudadanos adhirieron con su firma a un petitorio por la pronta aprobación de la ley y otros miles participaron en múltiples actividades públicas con el mismo objetivo; esta participación ciudadana fue decisiva para lograr la sanción de la ley.

La indiscriminada ampliación de la frontera agropecuaria.

En Argentina, del 2004 a la fecha se han desforestado un millón de hectáreas. En el quinquenio 2002-2006, el desmonte de bosques creció un 42 por ciento respecto del quinquenio 1998-2002. Como resultado, la tasa de deforestación de la Argentina, que es la que mide el porcentual de pérdida anual respecto de la superficie remanente, es seis veces más alta que el promedio mundial.

La principal causa es el avance de la frontera agropecuaria, es decir, el desmonte con estos fines productivos. Con sesenta ocho millones de toneladas anuales de granos exportados, la producción de granos es el motor principal de la recuperación económica del país; pero el país monoproductor de soja no es un modelo sustentable a mediano y largo plazo.

Mientras se desmonta indiscriminadamente, el caos ambiental acecha con consecuencias palpables. Cuando el fin es el monocultivo, el daño es peor aún que la tala, ya que elimina absolutamente toda la cobertura vegetal y destruye el suelo comprometiendo su recuperación. Las variaciones en el clima y la interrupción en el desarrollo de los suelos se han manifestado con violencia por caso, en las inundaciones, cada vez menos controlables.

Del desmonte no escapan ni siquiera áreas protegidas como las reservas de biosferas, reconocidas como tales por la UNESCO, concebidas como una manera de conciliar la protección de los recursos naturales con las necesidades de la comunidad, compatibilizando producción y medio ambiente.
Hace pocos meses, la entidad ecologista Greenpeace denunció que mediante el uso de topadoras se habrían iniciado tareas de desmonte dentro de un área de la Reserva de Biosfera de las Yungas, en Orán al norte de la Provincia de Salta. En noviembre, los medios de comunicación revelaron la intrusión de brasileños que depredan terrenos en la Reserva de Biosfera Yabotí en Misiones, y que, ante la falta de controles de parte de los organismos provinciales y nacionales, reemplazan el bosque nativo por cultivos de citronela y tabaco, con graves daños por la aplicación de agroquímicos de alta toxicidad y consecuencias nefastas para la comunidad Mbya guaraní- cuya salud y cultura corren el mismo peligro y destino que la selva paranaense donde viven desde hace unos 1.000 años.

Reclamamos mediante sendos proyectos a las máximas autoridades en la materia a nivel nacional una respuesta oportuna y precisa que de cuenta de los compromisos adquiridos internacionalmente para proteger las reservas naturales agredidas.
Los sistemas naturales tardan siglos en desarrollarse y el hombre los destruye en muy poco tiempo con graves consecuencias para las futuras generaciones.
La ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos
La ley aprobada suspenderá la emisión de permisos de desmonte por un año, periodo en el que cada provincia deberá realizar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos, en base a criterios ecológicos y categorías de conservación que apuntan a planificar las actividades forestales, agrícolas y ganaderas evitando la fragmentación y degradación del bosque nativo, y otorgando prioridad al cuidado de los bosques que actualmente ocupan y utilizan comunidades indígenas y campesinas.

Cumplido ese tiempo, las jurisdicciones que no hayan realizado el ordenamiento territorial no podrán autorizar desmontes ni aprovechamientos productivos en zonas boscosas. Las nuevas aprobaciones, deberán obligatoriamente contar con estudios de impacto ambiental y ser precedidas por audiencias públicas. Asimismo se creo el “Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos” cuyo objeto es compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques nativos por los servicios ambientales que estos brindan y que ascendería a aproximadamente 1000 millones de pesos. El 70% de ese fondo se aplicará a compensar a los titulares de las tierras en cuya superficie se conservan bosques sea públicos o privados. Si bien esta última disposición fue controvertida, su inclusión permitió finalmente la aprobación de la ley.

Sin lugar a dudas este punta pie inicial es muy positivo. Esperamos que el Estado tenga la decisión y la capacidad de hacer cumplir la nueva ley. Albergamos la esperanza de que además se avance en otras acciones porque no se trata solo del problema de los bosques, sino también de otras explotaciones como las mineras altamente contaminantes. Frente a las actividades ávidas de lograr rentas en el corto plazo, es necesario implementar una serie de medidas protectoras que orienten el desarrollo productivo y el crecimiento económico en armonía con el ambiente y los intereses del presente y de generaciones futuras.

Laura Sesma
Diputada de la Nación
Partido Socialista

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