La semana pasada, el abogado de la CGT y diputado nacional, Héctor Recalde, denunció que el vicepresidente de la Cámara que regula la comercialización de los vales alimentarios había intentado sobornarlo para que frenara la sanción de la denominada “ley de tickets”.

“Este episodio nos habla de la necesidad de reforzar la legislación vigente en materia de soborno, específicamente el transnacional”, apuntó la senadora nacional Sonia Escudero, quien hace un par de meses presentó un proyecto de ley en ese sentido.

Si bien el soborno transnacional ya es delito en nuestro país desde el 2003, y es penado con reclusión de uno a seis años, ahora se busca complementar dicha norma imponiendo una multa para la persona jurídica que participe del ilícito.

“Con frecuencia vemos que cuando un organismo público o privado se ve envuelto en un caso de soborno, se limita a desafectar al empleado involucrado en el delito, y no recibe sanción alguna. Esto es lo que queremos modificar”, subrayó Escudero.

En cumplimiento de la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales -que la Argentina aprobó por ley (nº 25.319)-, nuestro país se obligó a tipificar como delito el cohecho internacional de funcionario público.

Fue así que a fines de 2003 se modificó el Código Penal en su artículo 258 bis, reprimiendo con reclusión de uno a seis años, e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, a aquel que intente sobornar a un funcionario público de otro Estado, o de una organización pública internacional.

“No obstante, hasta ahora las personas jurídicas, es decir aquellos entes tanto públicos como privados, carecen de responsabilidad efectiva y ello es lo que se pretende subsanar”, observó la autora del proyecto. “La Convención señala que en caso de que la responsabilidad penal no sea aplicable, deben darse garantías para que éstas sean sometidas a sanciones eficaces, incluidas las monetarias por el cohecho de funcionarios públicos extranjeros”, agregó Escudero.

Es por ello que se propone la incorporación de una sanción administrativa a la persona jurídica, sin perjuicio de la acción penal que pudiera corresponder a sus representantes. Las multas van de 5 a 20 veces del valor de los bienes involucrados en el delito. Y se deja al Poder Ejecutivo para que determine la autoridad de aplicación.