Diplomacia parlamentaria, un aporte a la solución del conflicto con Uruguay

Por Pedro J. Azcoiti

Si algo era difícil de imaginar años o décadas atrás, era que Argentina y Uruguay pudieran llegar a mantener un conflicto que distanciara a sus pueblos, enfrentara a sus gobiernos y llevara la relación bilateral a límites cercanos a la ruptura.

La historia, la geografía, la cultura, nos unen a argentinos y uruguayos. Solo era imaginable que algún circunstancial resultado futbolístico pudiera separarnos momentáneamente de un destino común.

Sin embargo, hoy, la realidad es otra. La instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos, ha generado un conflicto entre ambos países, en el cual la torpeza y soberbia de los distintos actores involucrados, ha encaminado la cuestión hacia rumbos inciertos y pocas soluciones a la vista.

Vale analizar la cuestión por encima de supuestas pasiones nacionalistas o de empecinamientos locales que poco aportan al logro de una solución racional y aceptable para todos.

Antonio Elio Brailovsky, un pensador lúcido, reconocido economista y ambientalista, ha realizado un breve cuadro de situación sobre los principales actores del conflicto, que vale la pena reproducir:

“La papelera Botnia no entendió que una empresa, además de trabajar con materias primas y procesos tecnológicos, se relaciona con seres humanos y esa relación es esencial para su desarrollo.”

“El Gobierno uruguayo mantuvo la obsoleta visión de “polos de desarrollo” y eligió un sitio potencialmente conflictivo como lo es Fray Bentos. No evaluó una localización alternativa, como pudo haber sido el importante puerto de Nueva Palmira, que no tiene una población argentina enfrente. Utilizó el conflicto para fines de política interna. Al mismo tiempo, la falta de control de la papelera FANAPEL, ubicada en la localidad de Juan Lacaze, muestra un escaso interés por la calidad del ambiente.”

“La Asamblea de Gualeguaychú no centró sus reclamos en la empresa papelera, sino que decidió atacar al conjunto del pueblo uruguayo. Utilizó la consigna “no veranee en Uruguay”. Si la propuesta de la Asamblea es que Uruguay no ingrese al modelo de industria celulósica sino que se mantenga en su perfil turístico tradicional, boicotear el turismo es la peor manera de lograrlo. Al mismo tiempo, centró sus energías en cortar una ruta internacional que Botnia no utiliza.”

“El Gobierno argentino dejó las relaciones exteriores en manos de una Asamblea vecinal. Utilizó el conflicto para fines de política interna. Empleó el doble criterio de exigir a una empresa radicada en Uruguay lo que no exige a las papeleras argentinas. Fue a La Haya sin poder mostrar una enérgica política ambiental que mostrara la racionalidad de su reclamo. Y ni siquiera puede mostrarle a la opinión pública los proyectos de papeleras que existen para el lado argentino del río Uruguay.”

El resultado, un conflicto in crescendo, donde pareciera que ninguno está dispuesto a aceptar que la resolución consensuada de cualquier conflicto implica que cada parte ceda algo.
Es justo decir, que las palabras de la flamante presidenta en su mensaje inaugural en el Congreso, para nada contribuyen a distender el conflicto e iniciar una nueva etapa de diálogo. Al contrario, sus dichos pueden enrolarse en el antimanual de la diplomacia.

Así planteadas las cosas, resulta primordial que ambos países retomen un diálogo, que contemple a todas las partes interesadas. Dar por agotado el diálogo implica marchar por una senda sin retorno, que incluso podría convertir este diferendo diplomático en una absurda hipótesis de conflicto armado.

Un aporte al diálogo

Ante este estado de cosas, resulta válido reimpulsar el proyecto de ley que un grupo de diputados nacionales encabezados por Federico Storani, presentara en febrero de 2006, creando una Comisión Bicameral especial, para la solución de este diferendo.

Esta Comisión tendría como misión básica asesorar al Congreso y realizar gestiones de carácter diplomático en el ámbito parlamentario de ambos países, acerca de las distintas alternativas de solución de controversias y de su instrumentación política, jurídica y técnica para resolver el diferendo.

No pretende este proyecto, desconocer el mandato constitucional [art. 99 inc 11] que otorga al Poder Ejecutivo el manejo de las relaciones exteriores, ni tampoco obviar la actual intervención del Tribunal de La Haya, pero si aportar desde la denominada diplomacia parlamentaria, a la solución del conflicto.

No es novedosa esta instancia en el mundo de las relaciones internacionales. Ni en nuestro país. Parlamentarios argentinos y chilenos, una década atrás, lograron un amplio consenso que superó las superó las divergencias existentes y posibilitó la aprobación del Tratado de Límites en la zona de los Hielos Continentales.

Argentinos y uruguayos merecemos un destino común, integrados bilateralmente y en el marco más amplio del Mercosur. Por eso, es necesario agotar todas las instancias posibles en la búsqueda de un diálogo que permita superar este lamentable conflicto.

La Comisión Bicameral puede ser un valioso aporte, vale la pena intentarlo.

Azcoiti es diputado de la Nación, Vicepresidente 1º Bloque UCR

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