Durante una semana un grupo de examinadores internacionales visitó la Argentina para analizar el grado de cumplimiento de la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales, que nuestro país suscribió y aprobó por ley (Nº 25.319) durante el año 2000.
La senadora nacional Sonia Escudero disertó en Cancillería acerca de las deudas legislativas en materia de transparencia y corrupción.
Se trata de la segunda fase de examinación por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo internacional con sede en París, Francia, integrado por 30 Estados Parte, en cuyo marco se firmó la citada Convención. Nuestro país allí tiene el status de observador, siendo la Oficina Anticorrupción el área del Estado responsable de representar a la Argentina.
En su representación vinieron los canadienses Sébastien Lanthier y David Gaukrodger del área de anticorrupción del organismo internacional. Junto a ellos vino el equipo de examinadores integrado por: los brasileños Izabela Moreira Correa, Mônica Nicida y Marconi Melo, y los españoles Alberto Cornejo Pérez y Dolores Villar Guzmán.
Durante su exposición, Escudero –quien fue la única representante del Poder Legislativo nacional- presentó los proyecto de ley actualmente en tratamiento en el Senado que pretenden hacer algunos ajustes en la legislación sobre transparencia y lucha contra la corrupción.
“La Argentina registra un importante número de casos de trascendencia pública sospechados de corrupción -pública o privada- como: el atentado a la AMIA, Skanska, la valija de Antonini Wilson, la causa por el pago de sobresueldos, los sobornos en el Senado, y el reciente intento de cohecho vinculado con el proyecto de ley de tickets denunciado por el abogado de la CGT y diputado nacional, Héctor Recalde”, afirmó la legisladora.
Escudero presentó cuatro proyectos de ley que apuntan a reforzar la lucha contra la corrupción en la Argentina: uno que reglamenta el acceso a la información pública; otro modifica la ley de Inteligencia Nacional a fin de regular el uso de gastos reservados; y un tercer proyecto que tipifica como delito autónomo el lavado de dinero. Actualmente, para probar un caso de lavado, primero debe probarse el delito anterior (tráfico de armas, estupefacientes, etc.).
También es autora de una iniciativa que busca establecer una sanción administrativa a las personas jurídicas que sobornen a un funcionario público extranjero en transacciones comerciales internacionales. Si bien el soborno transnacional ya es delito en nuestro país desde el 2003, y es penado con reclusión de uno a seis años, ahora se busca complementar dicha norma imponiendo una multa para la persona jurídica que participe del ilícito.
“Con frecuencia vemos que cuando un organismo público o privado se ve envuelto en un caso de soborno, se limita a desafectar al empleado involucrado en el delito, y no recibe sanción alguna. Esto es lo que queremos modificar”, subrayó Escudero.
En su proyecto, la senadora propone sancionar a las personas jurídicas que cometan cohecho con multas que van de 5 a 20 veces del valor de los bienes involucrados en el delito.
