Los senadores aprobaron por unanimidad y devolvieron a Diputados un proyecto que modifica sustancialmente la Ley de Defensa del Consumidor, con el objetivo de proteger a compradores y usuarios.

Se trata de un proyecto que originalmente fuera presentado por una especialista en el tema como la diputada Patricia Vaca Narvaja, y que fuera aprobado allá por agosto de 2006.

Sin embargo, el trámite en la Cámara alta fue sumamente sinuoso, hasta llegar a su aprobación, pero con numerosos cambios. De ahí que deba volver en revisión a la Cámara de Diputados de la Nación.

Las modificaciones operadas se hicieron en el marco de numerosas críticas lanzadas a lo largo de todo este tiempo tanto por cámaras empresarias, como por los colegios de abogados y escribanos. Sucede que estos últimos, por ejemplo, según lo aprobado en la Cámara baja, podían ser demandados por sus clientes. A la postre, los senadores modificaron esto, eliminando esta cláusula.

Los principales cambios son la introducción de la indemnización directa, que faculta a la autoridad de aplicación a obligar a la empresa que vendió un producto o prestó un servicio defectuoso a pagar una compensación de hasta tres mil pesos al consumidor, sin necesidad de recurrir a la justicia.

Del texto original también se eliminó la pretensión de las pymes de ser considerados consumidores y poder ampararse en esta ley para realizar reclamos.

Se establece además que la nueva legislación estará por encima de los reglamentos que regulan las prestaciones de los servicios públicos privatizados, situación que en la actualidad es a la inversa. El proyecto aprobado establece que las empresas de servicios públicos no podrán ajustar libremente las deudas de los consumidores, sino hasta un 50 por ciento de las tasas pasivas del Banco de la Nación.

Entre otras cosas, la norma prohíbe la sobreventa de pasajes aéreos, incrementa las multas para los incumplidores hasta en cinco millones de pesos y otorga a los usuarios el derecho a una indemnización por vía administrativa de hasta 3 mil pesos.

También prohíbe la discriminación en las tarifas de algunos servicios que son pagados más caros por los turistas extranjeros, que por los usuarios argentinos, tales como pasajes aéreos o cuartos de hotel.

Obliga además a los bancos a informar de manera “detallada, cierta y objetiva” todos los cargos que se cobran por mantenimiento de cuentas y créditos.

En el debate celebrado en el recinto, el senador santacruceño Nicolás Fernández –miembro informante por haber sido hasta ahora titular de la Comisión de Legislación General- ponderó la labor conjunta realizada por senadores de distintas bancadas en la reformulación del proyecto aprobado en la Cámara baja y destacó algunas de las incorporaciones realizadas al texto en el Senado. Señaló que los cambios prevén limitaciones a las ofertas gratuitas para evitar engaños que derivan finalmente en perjuicios para usuarios y consumidores. Dijo que se busca otorgar a los usuarios “un trato digno y equitativo”, y que para ello se creará un registro de reclamos contra las empresas de servicios, ya que muchas de esas compañías ha reducido o cerrado sus oficinas de atención al público.

Por su parte, el radical formoseño Peitcoff Naidenoff fue quien adelantó el voto favorable de sus correligionarios. El legislador justificó la decisión de excluir de los alcances de esta ley a los profesionales liberales, como abogados, escribanos y contadores, los cuales estaban incluidos en el proyecto aprobado por Diputados, pero que generaron fuertes críticas de los colegios que los agrupan.

Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani celebró la sanción del proyecto, al tiempo que ponderó la acción de las organizaciones no gubernamentales que empujaron la iniciativa.