Hizo valer su amplia mayoría para sancionar el cambio horario y trasladarlo a Diputados para que fuera convertido en ley.
La Cámara alta aprobó la norma que servirá para adelantar el fin de semana la hora. Lo hizo en el transcurso de una sesión de dos horas, por 57 votos a favor y 3 en contra y pasó inmediatamente después a la Cámara baja para su análisis y posterior aprobación.
La iniciativa dispone el adelantamiento en 60 minutos de la hora actual, en el marco del plan impulsado por el gobierno que promueve el uso racional y eficiente de la energía eléctrica.
La expectativa en el Senado estaba puesta en si el oficialismo lograba reunir no sólo el quórum, sino los dos tercios necesarios para tratar el tema sobre tablas. Pero no hubo problemas para lograrlo, ya que el FpV con sus aliados de la Concertación radical y otros, sumaron 44 legisladores, mientras que en la oposición sólo juntó ocho senadores.
Ante las críticas de las provincias menos beneficiadas por la modificación, el presidente del bloque oficialista del Senado, Miguel Angel Pichetto, sostuvo que el PEN tendrá en cuenta las cualidades en cuanto al ordenamiento horario de esas jurisdicciones ubicadas al oeste del país, aunque aclaró que “la hora debe tener una uniformidad en todo el país, porque sino las provincias van a hacer lo que se les dé la gana”.
Precisamente un legislador de esa región fue el encargado de defender el proyecto. En su condición de titular de la Comisión de Energía y Combustibles, el sanjuanino César Gioja explicó que “con la aplicación de este programa el Estado estima incorporar en el Sistema Energético más de 2.620 megavatios de potencia y más de 6500 gigavatios/hora de energía total anual”.
Gioja destacó que el Gobierno “ha planificado y ejecutado obras que amplían la capacidad de generación, transporte y distribución en todo el país” y que el Congreso ha contribuido “con la aprobación de las leyes de Biocombustibles, de Hidrógeno, de Energías Alternativas Renovables y la de Alconaftas a partir de la caña de azúcar”.
En rigor, no se trataba de un proyecto que despertara mayores resistencias. Empero, algunos pidieron modificar el artículo 5 que establece que el Poder Ejecutivo podrá modificar en forma directa el huso horario, sin consultar al Congreso. Igual, el artículo fue aprobado, aunque por menos diferencia: 41 a 18.
Al fundamentar su voto contrario, el mendocino Ernesto Sanz, titular de la bancada radical, dijo que “inteligentemente la Constitución colocó el cambio de horario en las atribuciones del Congreso porque acá están representadas todas las provincias”.
Sanz criticó la política energética del Gobierno, en especial el rol de la empresa estatal Enarsa, quien según él “fracasó absolutamente” en su misión de promover la exploración petrolífera.
Por su parte, la salteña Sonia Escudero sostuvo que el artículo 5 del proyecto es “una delegación de facultades al Ejecutivo”.
Escudero cuestionó que el cambio no resulta tan conveniente con algunas provincias. Puso como ejemplo su propia provincia, Salta, donde a partir del cambio el Sol saldrá a las 7.31, por lo que quienes se levanten temprano tendrán que prender la luz. Al respecto, dijo que el Poder Ejecutivo no debería tener la facultad -que el proyecto le otorga- de fijar periódicamente los horarios, sino que estos “deberían estar fijadas por ley”.
Otro sanjuanino peronista, pero de los que se pronunciaron en contra, fue Roberto Basualdo, quien aclaró que en San Juan no se ahorrará energía, y propuso que los distritos ubicados en el oeste del país “tengan diferente huso horario, como ocurre con los países más avanzados, para tener mayor aprovechamiento de la energía”.
La también oficialista y mendocina María Cristina Perceval coincidió con el reclamo de su par cuyano al pedir “racionalidad para mirar regionalmente el país y avanzar en una conciliación de husos horarios que permita la regionalización eficaz y efectiva”.
El socialista Rubén Giustiniani estuvo de acuerdo en la necesidad de que los cambios de horario estén fijados por ley, y no sean una facultad delegada al Gobierno.
Un legislador nuevo, el fueguino José Martínez (ARI), comentó que su provincia “tiene un potencial fenomenal en esta materia, en petróleo, gas y energía eólica”, pero que “está discriminada” porque “recibe regalías por el gas a un precio de referencia de un dólar por millón de BTU, cuando a Bolivia se le paga cinco dólares”. En ese marco, cuestionó que “el plan energético se ha terminado en Río Gallegos”, pues el sistema eléctrico interconectado se extendió hasta Santa Cruz, y no llegó a Tierra del Fuego.
También expresaron objeciones el puntano Adolfo Rodríguez Saá y el salteño Juan Carlos Romero.
El ex presidente Adolfo Rodríguez Saá se ocupó por resaltar la celeridad con la que los legisladores de todos los partidos concurrieron al Congreso para tratar este tema, lo que a su juicio significa que el Gobierno “no necesita superpoderes”.
El tratamiento en el Senado duró casi dos horas. Entre los ausentes por parte del oficialismo figuraron el formoseño José Mayans y el jujeño Guillermo Jenefes, quienes habían adelantado que no podían concurrir.
En ese marco, el jefe del bloque habló de la “responsabilidad institucional” de los legisladores, por haber concurrido a esa casi imprevista sesión “en auto o colectivos desde todo el país”. Eso sí, se encargó de negar que hubieran fletado aviones para traer senadores -como ocurriera allá por 2002 con el correntino Lázaro Chiappe, traído a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández para votar contra la derogación de la ley de Subversión Económica-, y en sintonía con los aires kirchneristas criticó a aquellos periodistas que “agravian diciendo mentiras”. Aludía a los que habían sugerido esa posibilidad en diversos medios.
