Son los que supuestamente intentaron sobornar al diputado Héctor Recalde.
Avanza la causa que investiga el supuesto ofrecimiento de una coima al diputado cegetista Héctor Recalde para parar la ley que regula los vales de comida.
La norma, reactivada a partir de la difusión de ese accionar captado a través de una cámara oculta, finalmente fue aprobada en diciembre pasado y ya ha entrado en vigencia.
Ahora, el juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid dispuso el procesamiento de dos empleados de la cámara de tickets, Santiago Lynch y Miguel Guido Spano, captados por la cámara oculta colocada por iniciativa del diputado Héctor Recalde.
Los empresarios están acusados de cohecho, por haberle ofrecido a Recalde hasta 20 millones de dólares para que la ley que terminara saliendo fuera benigna para el sector.
Recordemos que Lynch era nada menos que director de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios (CEVAS), en tanto que Miguel Guido Spano oficiaba como una suerte de intermediario del sector.
¿Cuál es la pena para la eventual comprobación de este ilícito? Entre uno y seis años de cárcel, aunque cabe aclarar que al menos hasta el juicio oral los imputados no irán a prisión.
Empero, el procesamiento de los imputados incluye en este caso un embargo de 100.000 pesos sobre los bienes de cada uno de ellos.
El magistrado interviniente está investigando además a los presidentes de las dos más grandes empresas de vales alimentarios del país: Sodexho Pass y Accor Argentina, al igual que al director general de esta última, Alejandro Engel.
La principal prueba de los procesamientos son las grabaciones, obtenidas con cámaras ocultas, de dos reuniones mantenidas entre Guido Spano, Lynch y Mariano Recalde, hijo del diputado, al que los acusados contactaron como intermediario.
El fallo del magistrado señala que “el audio y las imágenes captadas representan un fiel reflejo de lo acontecido, gracias a lo cual, los hechos denunciados pueden verse bajo una óptica objetiva, natural y espontánea”.
Según informó el diario La Nación, el juez analizó unas 70 llamadas telefónicas, entre marzo y noviembre del año pasado, mantenidas entre los acusados y Mariano Recalde, que conocía a Guido Spano por su actividad como abogado.
“La mayoría de los llamados son efectuados desde el teléfono de Guido Spano al de Mariano Recalde y sólo unos cuatro en el sentido inverso”, indicó el juez en su fallo.
