“Según los procedimientos ordinarios para la sanción de la ley, no ha de confundirse con una supuesta atribución de uso discrecional. Por ello, la facultad constitucional del Poder Ejecutivo de dictar “Disposiciones Normativas” está arreglada, por lo cual implica que deben acreditarse puntualmente de que circunstancias se trata, en qué radica su excepcionalidad y porque […]
“Según los procedimientos ordinarios para la sanción de la ley, no ha de confundirse con una supuesta atribución de uso discrecional.
Por ello, la facultad constitucional del Poder Ejecutivo de dictar “Disposiciones Normativas” está arreglada, por lo cual implica que deben acreditarse puntualmente de que circunstancias se trata, en qué radica su excepcionalidad y porque el mecanismo constitucional de una ley a de ser dejado de lado y torna en consecuencia, necesario que el Ejecutivo asuma tal índole de decisión-
Evidentemente, esta sola cuestión excede el marco de esta cautelar pero ha de ser exhaustivamente analizada la definitiva.
El presente caso, y de modo paradojal, pareciera que el Ejecutivo a atribuido 'excepcionalidad' a los mecanismos que tanto la Constitución como la Ley 472, en este caso, han previsto para prever la misma que de facto le a atribuido a un interventor.
Por último, la evidente decisión a favor de la medida cautelar solicitada que trató de disponer, no ha de ser interpretada en ningún caso como un impedimento para el logro de los objetivos a cumplir por el señor jefe de Gobierno.
Se trata simplemente de reencontrar el criterio de razonabilidad que debe haber entre medios y fines teniendo en mira que una medida como la adoptada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 01/2008 constituye una 'ultima ratio' del orden jurídico.
En efecto, dejar de lado los mecanismos institucionales naturales es una medida de 'gravedad institucional' por lo cual su ejercicio requiere de extrema ponderación y prudencia.
Por todo lo expuesto, resuelvo: suspender la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia 01/2008 y en consecuencia ordeno al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ingeniero Mauricio Macri, proceda la designación de los integrantes de los órganos naturales de la ObSBA hasta tanto se resuelva en definitiva el presente amparo.
La presente medida se decreta bajo caución juratoria la que deberá ser prestada por los actores ante el actuario.
Regístrese y notifíquese a la parte actora. Una vez cumplida la caución juratoria, notifíquese por Secretaria al Señor Jefe de Gobierno y a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires con carácter urgente y en el día”.
Firmado: Elena Aramburu de Liberatori
Jueza en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.
