Apeló el gobierno macrista

El procurador general presentó el escrito correspondiente para hacer frente a los límites que puso la jueza a la intervención de la obra social municipal.

Tal cual se había anunciado, Pablo Tonelli presentó la apelación al fallo judicial de la jueza Elena Liberatori de Aramburu. Se trata de un escrito de treinta carillas en el que se acusa a la magistrada de haber actuado sin imparcialidad ni objetividad.

Con esta actuación, tomará intervención ahora la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, que en el término de diez días deberá adoptar una resolución sobre las medidas dispuestas por el macrismo.

Según informó el procurador Tonelli, “en la primer medida cautelar que dictó la jueza, ella pretende sustituir el criterio del jefe de Gobierno, y eso no es posible, ya que les está vedado a los magistrados”.

“Ella sólo se tendría que haber remitido a ver si la medida del Ejecutivo es legal o no, cosa que no hizo”, consideró el funcionario porteño, quien precisó luego que con relación a la segunda medida cautelar que “la jueza está equivocada cuando afirma que la continuidad del directorio de la ObSBA, porque la intervención justamente implica eso”: el reemplazo del directorio por la figura del interventor.

Recordemos que el segundo fallo autoriza al interventor a continuar en funciones, pero advierte que sólo deberá abocarse a tareas relacionadas con la desregulación del organismo. La gestión integral de la obra social continuaría en manos del directorio, que encabeza el dirigente del gremio de municipales porteños Patricio Datarmini.

El procurador consideró a la jueza “un palo en la rueda a las decisiones del jefe de Gobierno, hecho con una celeridad que llama la atención, y además hecho con violación de algunos principios procesales que implican mucha gravedad”.

Desde la otra vereda, el abogado del SUTECBA Andrés Gil Domínguez consideró que las actuaciones de la jueza fueron correctas. Ponderó su gestión judicial y destacó que “en Buenos Aires una Legislatura llama a extraordinarias y sanciona una ley en menos de 24 horas, un jefe de Gobierno decreta en menos de 24 horas, y una jueza funciona jurisdiccionalmente en menos de 24 horas, parece que las instituciones en la ciudad de Buenos Aires funcionan todas muy bien”.

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