Ante la decisión del Ejecutivo porteño de disponer la prescripción de dos millones y medio de multas de tránsito cometidas con anterioridad a marzo de 2007, el legislador Martín Hourest sostiene que esta medida “celebra” la impunidad de aquellos que cometen infracciones, y beneficia especialmente a las empresas de servicios públicos de transporte, principales infractoras.

“Apelando a la eficiencia, la optimización y la eficacia en la administración pública, el Estado porteño propone que los ciudadanos que violaron la ley no den cuenta de las infracciones cometidas ante los organismos públicos de la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó el diputado.