Esos fondos se obtendrán a partir de operaciones de crédito público realizadas por el Ministerio de Hacienda y serán invertidos en infraestructura social. Una vez llevada a cabo la operatoria, deberá ser ratificada por el Poder Legislativo, lo que estaría ocurriendo entre marzo y abril.
El gobierno porteño facultó al Ministerio de Hacienda a realizar operaciones de crédito público para obtener un financiamiento por 1.604 millones para invertir en infraestructura social, según se publicó en el Boletín Oficial.
Al respecto, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Diego Santilli, sostuvo que una vez que “el Ministerio de Hacienda realice esa operatoria, bastante compleja por cierto, deberá ser ratificada por el Poder Legislativo”.
Santilli estimó que “recién en marzo o abril podría estar ingresando ese tema del endeudamiento a la Legislatura para ser aprobado”.
El 5 diciembre pasado, previo a la sanción de la ley de Presupuesto, la Legislatura porteña aprobó una norma mediante la cual se creaba un fondo especial denominado “Fondo de Infraestructura Social” para ser destinado a financiar proyectos y construcciones de obra pública.
Dicha ley indica que ese fondo se constituirá con un monto de 1.604.232.814 de pesos, y establece una autorización al Poder Ejecutivo para que realice las operaciones de Crédito Público tendientes a integrar esa cantidad de dinero.
Por eso es que el 15 de enero el gobierno porteño firmó un decreto en el que faculta al Ministerio de Hacienda a realizar todas las operaciones necesarias para tomar deuda pública por esa cantidad de dinero, que puede ser en pesos o en otra moneda, dice el decreto.
El decreto también indica que la operación puede consistir en la emisión y/o colocación y/o suscripción en firme mediante oferta pública y/o privada de títulos de Deuda Pública emitidos por la ciudad.
En este orden el decreto autoriza que esa deuda pueda ser emitida en una o más series y/o clases en forma individual o dentro de un programa de emisión de tales Títulos.
Cuando la Legislatura aprobó la ley que autoriza al Ejecutivo a tomar esa deuda especificó que 360 millones eran para el Ministerio de Desarrollo Urbano; 403 a Ambiente y Espacio Público; 237 a Salud y 71 millones para Desarrollo Social.
En tanto 143 millones serían para obras en y 388 para Educación.
