Conozca los fundamentos del Gobierno para cambiar la ley del Nombre

El proyecto del Poder Ejecutivo del 2006 tuvo arduos debates pero sólo estipula la posibilidad de anotar el apellido de la madre en segundo lugar.

Parlamentario.com transcribe el texto enviado por el Ejecutivo Nº 427/06 PE

El proyecto

Modificatorio de la Ley del Nombre Nº 1 8,248 y sus modificatorias.
En este sentido, se parte del concepto de que el nombre, al individualizar a una persona, la inviste de un atributo sustancial para actuar como sujeto de derechos.
Siguiendo estos lineamientos, se propone una modificación integral de la Ley del Nombre Nº 18.248 con un criterio más amplio, a fin de contemplar las mutaciones que presenta la sociedad argentina hoy.

Así, por el articulo lº, se propone incorporar expresamente al texto actual, los conceptos de individualización e identificación, por ser bastos la razón misma de la Ley del Nombre.

Se mantiene el criterio de que la elección del nombre de pila corresponde a los padres, y se reafirma que se trata de un derecho que podrá ser ejercido en forma indistinta por cualquiera de los progenitores, con la finalidad de evitar conflictos posteriores a la inscripción del recién nacido.

Entre otros aspectos, se instituyen los criterios utilizados en Ley No 18.248, en la que, entre otros, se expresaba que el derecho de elegir el nombre se ejercerá libremente, ya que el principia de libertad se halla amparado en la Constitución Nacional, y resulta mas apropiado Únicamente indicar, cuales son las prohibiciones expresas respecto al nombre de pila, incorporándose un concepto más amplio y abarcativo, prohibiendo la inscripción de los nombres cuando fueren lesivos a la dignidad de la persona.

También se ha modificado lo atinente al Juzgado o Tribunal competente para recurrir las Resoluciones denegatorias del nombre por parte del Registro de Estado Civil y Capacidades de las Personas, dejando, por razones constitucionales, que sean las propias jurisdicciones quienes lo determinen por tratarse de materia procesal y no de fondo. Con el fin de dotar de mayor precisión a esta normativa, se ha especificado que el plazo de quince días sea computado como “días hábiles”.

Se propone solucionar el problema que se suscitaba con la reiteración de nombres idénticos a los de uno o más nombres de hermanos vivos siempre y cuando, al menos uno de los nombres de pila, permita identificar e individualizar a un hermano de otro.

Asimismo, se incorpora una trascendente modificación en cuanto a determinar expresamente que 'la filiación determina los apellidos, especificándose en cada caso como se aplicara dicha regla general. De ese modo se pone fin a los múltiples conflictos que suscita la normativa vigente que requiere el acuerdo de ambos progenitores para la adición del apellido materno. Es dable destacar que la modificación precitada representa un avance sustantivo en el concepto y resguardo del derecho a la identidad de los menores, consagrado en la Convención Sobre los Derechos del Niño y en la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

A la vez que significara la adopción de medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer, en concordancia con la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Tratado con jerarquía constitucional a partir de la última reforma de la Constitución Nacional

Asimismo, la norma, al fijar que el orden de los apellidos será el paterno y materno, por imperativo legal, mantiene la tradición y costumbre arraigada en nuestro país de inscribir a los hijos con el apellido paterno.

Se ha creído conveniente, como excepción y mediante el ejercicio conjunto de ambos progenitores de la posibilidad de solicitar ante el Registro Civil la inscripción del hijo con el apellido compuesto del padre, haciendo extensiva la posibilidad de adicionar el apellido compuesto de la madre, con la limitación de no exceder de cuatro (4) apellidos.

Se fija un límite a los progenitores en la inscripción de sus hijos determinando la obligatoriedad de registrar el mismo apellido a todos los hermanos del mismo vinculo, a fin de mantener la seguridad jurídica y no atentar contra la unidad entre ellos.

Se contempla el caso de que toda persona mayor de dieciocho (18) años que careciere de apellido, pueda solicitarlo ante el REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS. La presente reforma propone por razones de seguridad jurídica, que dicha petición se realice en sede judicial.

Se propone ampliar la opción para la mujer casada de añadir a su apellido el de su marido precedido por la preposición “de” y, a fin de modificar normativas discriminatorias respecto de género, se hace extensiva dicha opción al marido.

Se equipara la separación personal y el divorcio vincular a los efectos de la perdida del derecho de uso del apellido del cónyuge que hubiere optado por utilizarlo

Se hacen extensivos al marido, los derechos que la norma actual acuerda a la mujer, respecto al uso del apellido para los casos de viudez, nulidad, separación personal y divorcio.

Resulta importante destacar que se ha adecuado el texto de la norma a fin de adecuado a la Ley de Adopción No 24.779, incorporada al Código Civil, a fin de integrar y armonizar las normas sobre la materia.

Asimismo, se modifica la edad para pedir el cambio de nombre de pila o la adición de otro nombre en los casos de adopción, estableciéndola en CINCO (5) años, adecuándola a las normativas nacionales que establecen la facultad de actualizaci6n del Documento Nacional de Identidad, a partir de dicha edad. También se incorpora un párrafo referido al derecho del menor, a ser oído en sede judicial, a partir de los doce años de edad, con la finalidad de nuestra Carta Magna desde la reforma Constitucional de 1994.

Finalmente, y atento a la relevancia de la reforma legislativa que se impulsa, se solicita a Vuestra Honorabilidad otorgue un tratamiento preferente al presente proyecto, en el convencimiento de que los cambios que se propone introducir redundarán en un grado mayor de igualdad de las personas, eliminando de ese modo distintas pautas discriminatorias que subsisten en nuestra legislación y que no sean acordes con el espíritu democrático de la sociedad argentina actual.

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