Un regalo de Papá Noel fue para la Justicia el proyecto de ley presentado el 26 de diciembre pasado. Se trata de la iniciativa que estipula una nueva prórroga de la ley de Mediación por dos años. Sin embargo, el espíritu navideño duró muy poco, ya que el Poder Judicial observa con preocupación la falta de voluntad política del Gobierno nacional para enviar un proyecto que establezca la mediación y conciliación previa a un juicio de carácter obligatoria en forma permanente.

La iniciativa de la diputada del PRO Paula Bertol es un salvavidas para la Justicia que ve cómo se acerca la fecha donde perdería vigencia y los 80 mil litigios anuales que se evitan por esta norma terminarían en juicios, provocando el colapso total del sistema judicial.

El próximo 24 de abril es la fecha límite para que la Justicia no entre en un caos. Para evitar tal colapso, el Congreso debe ratificar dicha norma.

Sin embargo, en el Congreso también existen voces que bregan por la sanción definitiva de la mediación. Estas se plasman en las iniciativas de la senadora Liliana Negre de Alonso y la diputada Marta Velarde, donde estipula, esta última, adoptar una decisión sobre la vigencia de la misma en cuanto al régimen de mediación obligatoria previa al juicio. “No caben dudas de que la mediación hace al desenvolvimiento de la Justicia y está instalada en la sociedad como forma de resolver conflictos entre partes y que probadamente ha demostrado ser un valioso instrumento de gran utilidad”, define en sus fundamentos la legisladora oficialista, quien fue tajante: “No se justifica seguir prorrogando, debemos otorgarle el carácter de obligatoriedad sine die”.

En el mismo sentido, Bertol, quien es abogada mediadora, recordó las expresiones de la entonces viceministra de Justicia Marcela Losardo en cuanto a que el plazo de dos años daba tiempo más que suficiente para abordar no sólo la recopilación de una serie de aportes legislativos sino también para sumar los aportes del Ministerio de Justicia de la Nación. “Estas expresiones no se han materializado en la práctica”, disparó la diputada macrista apuntando contra el Poder Ejecutivo Nacional, que no ha enviado el proyecto. Aunque fuentes oficialistas tienen esperanzas que ingrese luego del 1 de marzo.

Una extensión más. La ley 24.573 de mediación obligatoria se sancionó hace más de una década con una vigencia de cinco años. La misma fue prorrogada por igual período por la ley 25.287 que también se prorrogó por la ley 26.094, esta vez por un ciclo de dos años, venciendo el 24 de abril. Para mayor exactitud, la norma fue sancionada en 1995 y es una alternativa de resolución de conflictos que se aplica en los fueros Civil, Comercial y Civil y Comercial Federal y se distinguen en dos clases: públicas, a través de sorteos de la Justicia, o privadas, cuando las partes eligen un mediador. Cabe destacar que el mediador es un abogado que se registra ante el Ministerio de Justicia, donde hay cinco mil registrados pero sólo ejerce la mitad. Esta norma obliga a las partes a someterse a una mediación antes de cualquier juicio, excepto en diez casos. Entre ellos, las causas penales, expedientes en los que el Estado Nacional es parte, quiebras, juicios laborales y divorcios. Para todos ellos no hay acuerdo previo posible. Si bien no hay cifras oficiales sobre la cantidad de mediaciones que se hacen, la Unión de Mediadores Judiciales (UMP), presidida por el diputado porteño Sergio Abrevaya, estiman que son cerca de 80 mil por año. La estadística que demuestra la virtud del sistema de mediación son la cantidad de juicios en la Cámara Civil, donde entre 1996 y 2006 disminuyeron el 34 por ciento. Las causas que más se median son los accidentes de tránsito, los daños y perjuicios en general, los cobros de sumas de dinero, y los alimentos.

Por otra parte, una mediación dura un máximo de tres meses, mientras que un juicio no tarda menos de tres años. Y de las 80 mil mediaciones, en el 60 por ciento de los casos se llega a un acuerdo mientras que el resto va a juicio.

Por lo tanto, ante las virtudes del sistema, el inminente vencimiento del plazo obliga al Congreso al menos a prorrogar la ley de Mediación, porque si no provocaría un caos judicial.

– El 24 de abril caduca la ley de Mediación.
– Se evitan 80 mil procesos judiciales anuales.
– Esperan el proyecto del Ejecutivo.