La causa por estafa en casi medio millón de pesos a la administración pública, presuntamente cometida con dinero otorgado a fundaciones y asociaciones inexistentes o integradas por personal vinculado a legisladores, se inició en el año 2002 y está ahora en condiciones de ser elevada a juicio oral.
La Cámara Penal de La Plata confirmó el procesamiento a tres ex senadores bonaerenses y dos ex empleados del cuerpo implicados en una causa por estafa en casi medio millón de pesos a la administración pública, presuntamente cometida con subsidios otorgados a fundaciones y asociaciones inexistentes o integradas por personal vinculado a legisladores.
La causa, que se inició en el año 2002, está ahora en condiciones de ser elevada juicio oral, precisó este domingo una fuente judicial.
En la resolución, tomada durante la feria judicial por la Sala II de la Cámara de Garantías platense, se confirmó el procesamiento de los ex senadores por el radicalismo Adriana Mazzuco, Gustavo Marelli y Juan Carlos Stávale, y los ex empleados Ricardo Gallo y Paula Buscaglia, por los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad documental”.
De la misma manera, los camaristas Pedro Luis Soria y Sergio Almeida, hicieron lugar al pedido de sobreseimiento planteado por la defensa en favor del ex senador Ezequiel Rizzi y el actual legislador Diego Rodrigo, explicó la fuente.
La causa, tramitada ante la fiscalía de Delitos Complejos de La Plata, a cargo de los fiscales Carlos Argüero y Esteban Lombardo, se inició con la denuncia de un particular que indicó que no había podido cobrar un subsidio.
Luego, los fiscales ampliaron la investigación a todos los subsidios otorgados a determinadas entidades de cuya existencia se dudaba, y detectaron un fraude total de 443 mil pesos.
Así, se descubrió que las entidades que figuraban como receptoras de los subsidios eran fantasmas y en las direcciones que constaban en los legajos sólo había casas particulares.
“La institución no existe y los vecinos consultados no tienen conocimiento sobre si alguna vez funcionó allí alguna o existían pero estaban integradas por parientes, allegados a los legisladores o empleados del Senado”, indiciaron los fiscales en su pedido de prisión preventiva, ante el juez de Garantías Néstor De Aspro.
