La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán declaró nulas e inconstitucionales varias enmiendas introducidas por la reforma de la Constitución provincial de 2006, en particular las relacionadas con el sistema de designación y remoción de los jueces.

La sala II del tribunal, integrada por Rodolfo Novillo y por Carlos Giovanniello, tachó de inconstitucional el artículo 101, inciso 5 de la Carta Magna en la medida en la que otorga al Poder Ejecutivo la facultad de integrar el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).

Como consecuencia, los camaristas consideraron nulo el decreto 1.820, por medio del cual, en junio de 2006, el gobernador José Alperovich, haciendo uso del artículo 101, inciso 5 había integrado el CAM con tres representantes del Poder Ejecutivo, un vocal de la Corte Suprema de Justicia, un legislador y un abogado elegido por sorteo.

Asimismo, Novillo y Giovanniello condicionaron la constitucionalidad del artículo 126 de la Carta Magna al hecho de que la representación legislativa en el Jurado de Enjuiciamiento sea integrada por dos miembros de la oposición o de partidos que no forman parte del bloque mayoritario en la Legislatura.

El artículo 126 de la Constitución establece que el Jurado, que interviene en los procesos de destitución contra jueces de rango inferior (no contra los vocales de la Corte Suprema), debe ser compuesto por cinco legisladores, un representante de la Corte, uno del Poder Ejecutivo y un abogado (elegido mediante elecciones).

Como la norma no aseguraba un piso para la oposición, en diciembre, la Legislatura determinó que, durante los dos próximos años, será representada en el Jurado de Enjuiciamiento por cinco legisladores oficialistas, decisión que ahora quedó sin efecto como consecuencia de la sentencia.

Por último, los camaristas también declararon nula e inconstitucional la norma que posibilitaba que, en el futuro, la Constitución pudiera ser reformada también por medio de enmiendas legislativas que, posteriormente, debían ser aprobadas en elecciones de las que participara m*s del 50 por ciento del padrón electoral.

La sentencia fue emitida en el marco de la causa que, en junio de 2006, había promovido el Colegio de Abogados de Tucumán, disconforme porque se le había impedido que tuviera representación en los órganos encargados de la selección (CAM) y destitución de los jueces de rango inferior (Jurado de Enjuiciamiento).

El gobernador Alperovich había anticipado que acatará lo dispuesto por la Justicia, no obstante, la Fiscalía de Estado, que representa a la Provincia (es la parte demandada en el proceso), puede deducir un recurso de casación contra el fallo, de manera que todo quede en manos de la Corte Suprema.

El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, aseguró esta tarde: “Todavía estamos leyendo el fallo (tiene más de 160 fojas), en particular las consideraciones que, a priori, parecen extrañas e insólitas”.

El funcionario insistió: “Tenemos que estudiar meticulosamente la sentencia, para luego definir las alternativas que pueden articularse en el terreno procesal”.

Es la primera vez que la Justicia tucumana se pronuncia sobre la reforma constitucional concretada en 2006, gracias a la que, por predominio del justicialismo en la Convención Constituyente, quedó habilitada la posibilidad de que Alperovich fuera reelegido para el período 2007-2011, algo que impedía la Carta Magna que estuvo vigente entre 1990 y 2006.

De las elecciones para elegir convencionales no participaron los principales partidos de la oposición (como Fuerza Republicana) y los que tuvieron una escasa representación (el radicalismo, el Partido Obrero y la Democracia Cristina) se retiraron posteriormente de las deliberaciones.