Las iniciativas de la senadora Adriana Bortolozzi de Bogado pretenden la eliminación del carácter público de la Iglesia católica, anular decretos de la dictadura que estipulan el régimen de asiganciones y la afirmación de responsabilidad solidaria de instituciones religiosas respecto de los hechos ilícitos cometidos por sus sacerdotes.
Tras la noticia de la intención del gobierno nacional de eliminar el obispado castrense, Parlamentario.com releva los proyectos polémicos de la senadora nacional Adriana Bortolozzi de Bogado.
En este sentido, la legisladora ha presentado tres proyectos que agudiza la relación del gobierno con la Iglesia.
Uno de ellos refiere a la modificación del artículo 33 del Código Civil Argentino, para eliminar el carácter público de la Iglesia católica. Según la senadora, la Iglesia reviste el carácter de persona jurídica pública no estatal. Este reconocimiento no se encuentra de manera expresa en la Constitución Nacional, pero numerosos autores sostienen que su reconocimiento se desprende del conjunto de normas constitucionales.
Otro de las iniciativas pretende la afirmación de responsabilidad solidaria de instituciones religiosas respecto de los hechos ilícitos cometidos por sus sacerdotes o equivalente. Quedaría redactado: “la obligación de reparar el daño causado por el delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el como autores, cómplices, instigadores, o encubridores, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho penal”.
“Los delitos cometidos por sacerdotes, clérigos, pastores u otras autoridades o representantes activos y equivalentes de las instituciones religiosas reconocidas legalmente, obligan solidariamente a estas, cuando la condición clerical de aquellos, haya facilitado la preparación, el intento, la consumación o el ocultamiento del hecho ilícito”, fundamenta la senadora.
El tercer proyecto apunta a la eliminación de los decretos firmados por el presidente de la Junta militar, Rafael Videla, modificando el régimen de asignaciones para los miembros de la Iglesia.
“No se pretende con la abrogación de asignaciones a la jerarquía eclesiástica, en funciones y en retiro y de jubilaciones sin aportes compatibles con otros ingresos, incumplir el mandato constitucional de sostenimiento del culto católico, apostólico, romano”, fundamentó Bortolozzi de Bogado. Y aclaró, “por el contrario, se trata de no condicionar a las autoridades eclesiásticas argentinas en el destino de la suma que les otorga anualmente el Presupuesto”.
