La presidenta Cristina Fernández y los asambleístas entrerrianos no acercaron posiciones frente al diferendo por la instalación de la pastera Botnia; el gobierno ratificó su decisión de respetar la decisión que tome el Tribunal de La Haya. Continuarán las protestas.
Los visitantes sólo obtuvieron que la jefa del Estado Cristina Fernández de Kirchner estuviera de acuerdo, tal como lo había hecho su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, en que la postura oficial sigue siendo “una causa nacional”.
“Nos vamos con respuestas que no son las que esperábamos”, dijo Osvaldo Fernández en una síntesis de la desazón con la que el grupo se retiró de la Casa de Gobierno luego de una hora y media de reunión con la presidenta, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el canciller Jorge Taiana y la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti.
Aunque afirmaron que no se habló de los bloqueos de ruta, uno de los asistentes al encuentro admitió que “la Presidenta nos dio a entender que si bajamos los cortes ella podría asistir” al acto del 26 de febrero en Gualeguaychú por el aniversario de la firma del Tratado del Río Uruguay.
Los entrerrianos sólo consiguieron de la jefa del Estado la promesa de dejar el diálogo abierto con la Cancillería para que el Estado les facilite ayuda financiera a fin de presentar querellas en tribunales europeos.
Los asambleístas ratificaron “la lucha de Gualeguaychú por la relocalización de Botnia” y adelantaron que continuarán con las medidas de protesta porque, insistió el abogado Fernández, “todas las medidas que propusimos ante la presidenta tienen el amparo de la ley vigente”.
En este sentido convocaron a una amplia movilización el 27 de abril próximo a “manifestar en el Puente Internacional San Martín nuestra defensa de la vida, la biodiversidad y el no a las papeleras”.
Los entrerrianos no obtuvieron respuesta del gobierno para que se impulse una ley nacional que impida exportar madera para la pastera y que se aplique el Código Aduanero para prohibir el transporte de materias primas con destino a Botnia, por “razones de seguridad pública, defensa nacional, salud, sanidad vegetal o animal y preservación del ambiente, recursos naturales y prevención de la contaminación”.
Asimismo, no hubo respuesta positiva cuando pidieron que la secretaría de Ambiente, que preside Picolotti, “cambie el método de medir la contaminación” en el río que “para nosotros está comprobada”.
“El gobierno se ata a una lógica de resignación” porque espera el fallo de La Haya, dijo uno de los asistentes a la reunión, y “nosotros pensamos que esa impotencia se puede vencer con distintas acciones en foros internacionales”.
En la Sala de Situación de la Casa de Gobierno estuvieron los asambleístas Juan Veronesi y Gustavo Rivollier, y los abogados Osvaldo Fernández, Luis Leissa y Víctor Rebossio, además del gobernador entrerriano, Sergio Urribarri, su vicegobernador Eduardo Laurito, el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo y el actual senador Pedro Guastavino, ex vicegobernador durante la gestión de Jorge Busti.
