A través de un comunicado, el legislador porteño Martín Hourest sostuvo que el empresario Ignacio De Mendiguren sostuvo ante máximos representantes del Gobierno nacional que “e 78 por ciento de los trabajadores del sector textil trabajan en negro”.

En ese marco, Hourest denunció públicamente que durante el encuentro de las cámaras de la industria textil con el ministro de Economía Martín Lousteau y la viceministra Noemí Rial, “el Gobierno nacional legalizó de hecho el trabajo esclavo, echando por la borda la hipotética cruzada contra el trabajo en negro enunciada reiteradamente por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Trabajo Carlos Tomada”.

Según el legislador porteño, durante esa reunión los funcionarios nacionales “se comprometieron a modificar la ley de trabajo a domicilio para ajustarla a los intereses de los empresarios textiles y en contra de los derechos de los trabajadores, profundizando de esta manera la precarización laboral que ya está condenando a quienes trabajan en talleres textiles en condiciones infrahumanas”.

Hourest sostuvo que el Gobierno nacional “está expresando como principio un doble estándar moral, cuando se dirige a la sociedad enuncia la defensa de los derechos laborales como Política de Estado; cuando sus interlocutores son empresarios que piden protección estatal frente a importaciones de terceros países, accede sin disimulo”.

“Resulta preocupante que el Gobierno nacional reconozca que el sector textil es el segundo empleador del país y no reaccione ante la ‘verdad revelada’ por los empresarios de la indumentaria”, declaró el legislador, quien instó a los diputados y senadores nacionales a generar un espacio de cooperación ante la modificación de la normativa que el Gobierno nacional propone encarar en función, a su juicio, de los intereses exclusivos de las cámaras de la industria textil.