La Cámara baja debatirá el próximo jueves la iniciativa que ya fue aprobada hace dos semanas por el Senado, que prevé beneficios a los capitales destinados a bienes, actividad industrial y obras de infraestructura.

La iniciativa girada por el Senado fue modificada por los diputados, por lo que tras su aprobación en el plenario volverá a la Cámara alta para su sanción definitiva.

Los senadores deberán ratificar o rechazar la variante introducida por Diputados, aunque seguramente respetarán el texto aprobado por la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, que refleja la redacción original girada por el Poder Ejecutivo.

Esa modificación tiene que ver específicamente con la autoridad de aplicación de la norma, que quedará a criterio del Poder Ejecutivo, en lugar de ser el Ministerio de Economía, tal como figuraba en el proyecto votado por el Senado.

A raíz de esta modificación, los tiempos estimados originalmente por las autoridades parlamentarias se ven alterados, y la idea de que el proyecto sea aprobado antes del 1 de marzo será imposible.

El Senado aprobó el proyecto tras una visita que realizó el ministro de Economía, Martín Lousteau, para explicar sus alcances. El instrumento principal de la norma es la devolución anticipada del impuesto al valor agregado (IVA) correspondiente a los bienes de capital u obras de infraestructura (en marcha hasta septiembre de 2010), o bien, como alternativa, la amortización acelerada del impuesto a las Ganancias.

Las empresas que procuren el beneficio deberán acreditar la creación genuina de fuentes de trabajo y la iniciativa aclara además que no se podrán obtener los dos beneficios juntos en un mismo proyecto, salvo que éste se destine en su totalidad a la exportación.

Habrá un incentivo adicional para aquellos proyectos que se enmarquen dentro de un plan de producción limpia o de reconversión industrial, dentro de su carácter principal.

Una norma de estas características había sido solicitada por la Unión Industrial Argentina (UIA) y se complementa con el pedido para poder acceder a créditos de mediano y largo plazo. El cupo fiscal anual que establece el proyecto es de mil millones de pesos y será el Poder Ejecutivo el que elija los proyectos beneficiados.