La Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja analizará este martes a las 15 el proyecto del Ejecutivo que tiene media sanción del Senado. La iniciativa pretende modificaciones al Código Penal adecuando la legislación penal a lo estatuido por la Convención sobre los Derechos del Niño y por el Protocolo Facultativo de la Convención en lo que respecta a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Uno de los temas que habilitó el Poder ejecutivo para ser tratado en sesiones extraordinarias fue la trata de niños y la pornografía infantil.
El proyecto original que estudiará este martes a las 15 la Comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada Nora César, tiene media sanción del Senado y corresponde al senador fallecido Luis Falcó.
La iniciativa es la 257-S-2006 y, a continuación, Parlamentario.com, publica el proyecto del legislador radical.
Artículo 1º – Incorpóranse a la ley 11.179 –Código Penal de la Nación– los artículos 149 quáter, 149 quinquies, 149 sexies, 149 septies y 149 octies, con la siguiente redacción:
Artículo 149 quáter: Será reprimido con prisión o reclusión de 5 a 15 años el que entregare o recibiere un menor como parte de una transacción que tenga por objeto su transferencia a cambio de una remuneración o de cualquier otra retribución.
Artículo 149 quinquies: Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de las conductas descriptas en el artículo precedente.
Artículo 149 sexies: El máximo y el mínimo de las penas establecidas en los artículos 149 quáter y 149 quinquies serán aumentados en un tercio si la transacción se hiciere con los fines de:
a)Explotación sexual del niño;
b)Transferencia con fines de lucro de órganos del niño;
c)Trabajo forzoso del niño.
Artículo 149 septies: El máximo y el mínimo de las penas establecidas en los artículos 149 quáter y 149 quinquies serán aumentados en un medio si cualquiera de las conductas descriptas en ellos fuera perpetrada por un progenitor, hermano, tutor, persona conviviente o encargada de la educación o guarda del menor.
Artículo 149 octies: Será reprimido con las penas establecidas en los artículos 149 quáter y 149 quinquies y sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena, el funcionario público o profesional de la salud que cometiere alguna de las conductas previstas en esos artículos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a adecuar la legislación penal argentina a lo estatuido por la Convención sobre los Derechos el Niño (aprobada por la comunidad internacional en 1989 e incorporada a la Constitución Nacional en la reforma de 1994) y, muy especialmente, a lo dispuesto por el Protocolo Facultativo de la Convención en lo que respecta a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.
Estos documentos, sancionados y reconocidos internacionalmente, fueron concebidos con la intención de que los Estados nacionales trabajen en conjunto para luchar contra los males más tremendos que, lamentablemente, azotan a la niñez en todo el planeta.
La venta de niños como esclavos laborales, sexuales o para conformar “nuevas” familias al margen de las leyes de adopción e importando, obviamente, la supresión de identidad, es una de las acciones delictivas más aberrantes que padecen los menores a manos de adultos inescrupulosos.
Nuestra legislación penal no ha hecho lugar hasta el momento a la figura de la compraventa de niños ni, consecuentemente, al tráfico ilegal de menores.
En este contexto, vale la pena recordar que la Argentina firmó el 1º de abril de 2002 el mencionado Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos el Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y lo ratificó el 25 de septiembre de 2003.
Este protocolo define como de “especial importancia” el hecho de que cada país signatario penalice las infracciones graves contra los derechos de la infancia, sobre todo la trata de niños, la adopción ilegal, la prostitución del menor y la utilización de niños en la pornografía.
Es por ello que esta ley fija penas rigurosas de reclusión (5 a 15 años) a quien “entregare o recibiere a un menor como parte de una transacción que tenga por objeto su transferencia a cambio de una remuneración o cualquier otra retribución”, y establece, además, que quien “facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare” en ese tipo de transacciones o transferencias, también será punible (3 a 10 años de reclusión).
Por otra parte, esta norma agrava la pena en un tercio para los casos en que quedare demostrado que tal transacción se hubiera llevado a cabo con los fines perfectamente estipulados en el inciso 1 del artículo 3º del protocolo que, enhorabuena, ha firmado la Argentina. Ese inciso dispone que:
“Todo Estado parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado individual o colectivamente:
”Ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño con fines de:
”a) Explotación sexual del niño.
”b) Transferencia con fines de lucro de órganos del niño.
”c) Trabajo forzoso del niño”.
Para el caso en que estas conductas delictivas fueran perpetradas por los progenitores, hermanos, tutores, personas convivientes o encargadas de la educación o guarda del menor, el texto normativo que propongo prevé que el mínimo de las penas establecidas sea aumentado en un medio.
La terminología empleada en este proyecto de ley para la definición de “menor” o “niño” se ajusta taxativamente a lo establecido por la convención y el protocolo mencionados, entendiendo por tal a “todo ser humano menor de 18 años de edad” al que se le reconocen derechos universales inalienables.
Respetando de modo especialísimo esta terminología no hago más que cumplir con la necesidad de adecuar nuestra legislación a la exigencia de los más prestigiosos tratadistas del mundo que participaron activamente en la redacción final de los documentos internacionales citados, que constituyen la más moderna y sistemática compilación de los derechos universales del niño.
La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de los diversos protocolos facultativos implica para los países firmantes la obligación de armonizar su legislación nacional con las provisiones del tratado. De esta manera, los derechos de la infancia no son ya una mera aspiración programática sino un deber de acción estatal a implementar de manera concreta y perentoria.
Me preocupa sobremanera la creciente trata internacional de menores con fines de explotación sexual, de lucro a través de las venta de sus órganos o de esclavización laboral. Es bien sabido que nuestro país no sólo no es ajeno a este repugnante tráfico sino que, primordialmente, forma parte de él en calidad de “proveedor”. Por ello creo que es impostergable la inclusión de esta temática específica en el Código Penal de la Nación Argentina a fin de castigar estos delitos en defensa de los derechos de nuestros niños.
Por estas razones, solicito a mis pares que acompañen esta iniciativa con su aprobación.
Luis A. Falcó.
