Diputados nacionales de la Coalición Cívica apelan al PEN para reclamar información sobre la decisión y la manera como se sacó a los ocupantes de Barrancas de Belgrano.
La diputada nacional Fernanda Reyes, con el acompañamiento de Fernanda Gil Lozano y otros legisladores de la Coalición Cívica, presentarán un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional para que rinda explicaciones sobre la forma en que se llevó a cabo el desalojo de los cartoneros que utilizaban el predio público ubicado en Virrey Vértiz y La Pampa, en el barrio porteño de Barrancas de Belgrano.
Reyes cuestiona el “modo violento” en que se hizo el procedimiento, como así también que no medió una orden judicial y que, en el momento del procedimiento, la policía no contaba con un decreto debidamente firmado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
“La orden que llegó a manos de los cartoneros no tenía fecha, hora ni firma y mencionaba otro lugar como sede del desalojo”, aseguró Reyes.
El pedido de informe está basado en las irregularidades en que, por desconocimiento o negligencia, habrían incurrido la policía y el gobierno porteño.
“Hay muchas dudas sobre el procedimiento, a las que las autoridades deberían responder: en virtud de qué orden se llevó a cabo el desalojo; si los desalojados fueron notificados previamente; si había personal del Cuerpo de Infantería y, en ese caso, cuáles fueron las razones de su presencia; a dónde fueron llevadas las personas desalojadas; dónde fue alojado el material de trabajo de los recicladores de basura. Son todas cuestiones poco claras que requieren una aclaración ya que violan la ley”, explicó Reyes.
Este martes los cartoneros realizarán una marcha a la Jefatura de Gobierno porteño y a la Legislatura local, en repudio a la represión y reclamando un sistema de higiene urbana ecológico, eficaz y que incorpore la labor de recolección y acopio que realizan. Las diputadas Reyes y Gil Lozano y el legislador porteño Facundo Di Filippo participarán de la manifestación, que partirá de la sede judicial ubicada en Avenida de Mayo y Chacabuco.
“Con este tipo de accionar, el aparato del Estado fomenta mecanismos de desigualdad, exclusión y hace que los cartoneros no puedan seguir trabajando”, concluyó Reyes.
