Los legisladores bonaerenses aprobaron los dos proyectos remitidos por el Ejecutivo bonaerense para hacer modificaciones en la implementación de justicia.

La iniciativa busca agilizar el trámite de las causas y descomprimir la cantidad de expedientes acumulados en el Tribunal de Casación. En ese marco, se le otorgan mayores atribuciones a la Suprema Corte de Justicia bonaerense, vedándose la llegada de apelaciones a ese Tribunal para el caso de delitos con penas que no excedan los diez años de cárcel.

Puntualmente, los proyectos convertidos en ley modifican el Código de Procedimiento Penal de la provincia, acotan las atribuciones del Tribunal de Casación y extienden el denominado proceso de flagrancia que acorta la duración de la causa penal para llegar a una sentencia.

Las iniciativas habían sido aprobadas en Diputados la última semana, pero la Cámara alta introdujo cambios, por lo que ambas cámaras sesionaron en tándem para lograr la sanción de las dos leyes.

Si bien el proyecto original preveía que el Tribunal de Casación iba a tener atribuciones sobre las causas con penas mayores a 6 años, los senadores decidieron extenderlo a 10 años, con lo cual acotaron aún más las facultades del máximo Tribunal Penal bonaerense. Según expresó un legislador oficialista, el cambio permitirá evitar el cuello de botella que se generan en Casación, que cuenta hoy con alrededor de 7000 causas.

A su vez, la Cámara alta aprobó la ley que lleva a todos los departamentos judiciales la posibilidad de habilitar el denominado proceso de flagrancia, previsto en forma rápida para los delitos con penas que no superen los 15 años. El mecanismo consiste en un proceso muy breve de acusación y sentencia que prevé un plazo máximo de 60 días para delitos cuya pena máxima prevista no supere los 15 años de prisión.

A partir de lo dispuesto, se establece que al detenido en flagrancia, en el momento de la persecución y captura, se lo lleva ante el fiscal, quien le hace conocer la acusación. En un plazo máximo de 5 días de la detención de la persona se realizará la primera audiencia en la que el juez puede resolver la excarcelación, sobreseimiento, decidir la prisión preventiva, o las partes acordar suspensión del juicio a prueba y juicio abreviado.

De no haber acuerdo entre las partes, o de no haber dictado sobreseimiento, el juez resuelve si mantiene detenida a la persona y convoca a una segunda audiencia de finalización del proceso en flagrancia dentro de los 20 días siguientes. En esta segunda audiencia las partes tienen nuevamente la posibilidad de llegar a un acuerdo. De no ocurrir esto la causa se eleva a juicio, que deberá realizarse dentro de los 60 días.

Las iniciativas enviadas por el Ejecutivo que modifican el Código de Procedimiento Penal, fueron aprobadas con el apoyo del oficialista Frente para la Victoria más el PRO y Recrear, mientras que la Coalición Cívica se opuso.

La UCR, en tanto, acompañó el apartado destinado a la “flagrancia” y votó un despacho de minoría para la reforma de Casación.