La edad del delito

Crecen los hechos delictivos provocados por menores de edad. El Congreso se encuentra paralizado en un eterno debate: bajar la edad punitoria o aplicar nuevos métodos.

Por Julio El Alí

“Niño, deja de joder con las armas”. Hay canciones emblemáticas que nunca pasan de moda, pero una de las más famosas del cantautor catalán Joan Manuel Serrat tendría que adecuarse un poco más a la realidad, por lo menos argentina, ya que las criaturas ya no solamente juegan con la pelota.

Cada vez más sumergidos en una realidad virtual, los bajitos pierden la inocencia y no juegan, porque tienen plena conciencia de sus actos desafiantes ante una sociedad que no encuentra la manera de ponerles límites. Creídos de su “poderoso escudo” de ser menores, muchos jóvenes han tomado las armas para matar a sabiendas de que por su edad no pueden ser condenados por la ley. Esta tendencia aumenta y se refleja día tras día en los medios de comunicación que reflejan una cruel realidad: la delincuencia juvenil crece y no hay forma de pararla.

Muchas ideas, pero…

Los debates de especialistas en diversos foros continúan, pero nadie acierta con una solución de fondo. “Quedate quieta porque te mato. Total, tengo 13 y salgo mañana”, le dijo un niño secuestrador a una mujer en su propia casa. Esta frase demuestra el grado de peligrosidad de los jóvenes. Sin embargo, esto pareciera ser una mera preocupación de la sociedad y los medios de comunicación, ya que no existen estadísticas oficiales a nivel nacional y el Congreso de la Nación no logra ponerse de acuerdo con qué medidas deben tomarse al respecto.

Desde 1999, en el Parlamento se presentaron 53 proyectos que proponen diferentes opciones sobre cómo tratar a los menores en conflicto con la ley penal, pero aún ninguno fue aprobado. Actualmente, quedan sólo 10 proyectos de ley, de declaración y de resolución que conservan la vigencia parlamentaria, de los cuales el 37 por ciento propone que los menores sean imputables desde los 14 años, el 15 por ciento desde los 16 y el 47 por ciento trata sobre la problemática general de la minoridad y el sistema penal, pero no hacen mención a la imputabilidad.

“Los proyectos no se tratan porque a nadie le interesa el tema. Hay algunos muy buenos en los cuales se podría avanzar, pero lamentablemente no se hace nada. Creo que la discusión se va a zanjar cuando se termine de discutir el tema de la edad y se centren en las medidas socioeducativas y en las garantías que deben recibir”, dijo Nora Shulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), quien además agregó: “Bajar la edad se debe a la presión social que quiere ver a los chicos encerrados”.

La Argentina, según explicaron especialistas en minoridad, es uno de los países más atrasados de Latinoamérica en materia de niños infractores. En el país no son punibles los menores de 16 años, aunque las reglas que rigen permiten que los que incurran en delitos graves puedan ser entregados a sus padres, incluso en forma inmediata, luego de haber delinquido.

Algunos profesionales explicaron que de nada serviría cambiar sólo la edad, sino que dicen que para resolver la crisis hace falta crear un sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, aunque hay otros que piensan que disminuirla sería lo ideal.

El diputado del ARI Autónomo Emilio García Méndez, autor de uno de los proyectos presentados en 2007, dijo que es imprescindible poner en marcha una ley de Responsabilidad Penal Juvenil. “Hay consenso sobre las iniciativas presentadas, lo que pasa es que falta una toma de posición del Poder Ejecutivo, una luz verde”, sentenció. El diputado impulsa colocar la pena en los 14 años y establece que se los prive de la libertad, pero dentro de un período menor: los que tienen entre 14 y 15 años, hasta 3 años; y los que tienen entre 16 y 17, hasta 5 años.

Pero existe mucha resistencia en bajar la edad, porque para muchos legisladores se estaría violando la Convención sobre los Derechos de los Niños y no es la solución bajar la edad de imputabilidad. Otra corriente de pensamiento más proteccionista asegura que en la niñez y en la adolescencia hay una necesidad de ser alguien, de sentirse reconocido, y no siempre se es consciente, y que por eso si alguien no tiene un lugar en el mundo, lo busca a cualquier precio. Ahí aparecen “los pibes chorros”.

El proyecto de la senadora oficialista que lleva adelante el tema en el Senado, la salteña Sonia Escudero, traduce la definición de los elementos esenciales que debe contener la normativa legal de un nuevo Régimen Penal Juvenil, a tono con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, bajo el paradigma de la protección integral. De esta forma se intenta consolidar también, desde el ámbito penal juvenil, la superación definitiva del abordaje tutelar y de la doctrina de la situación irregular, que tuvo su comienzo de ejecución con la derogación del patronato (Ley Nº 10.903), dispuesta por la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.

En el mismo sentido, la iniciativa de los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz estipula un nuevo Régimen Penal Juvenil para personas mayores de 14 años y menores de 18, con el objetivo de resolver el problema de las personas menores de edad infractoras a la ley penal. Así como la aprobación de la Ley Nº 26.061 permitió abandonar la doctrina de la situación irregular, explica el texto de los radicales, en materia penal para los jóvenes infractores es imprescindible abandonar la concepción tutelar punitiva para asumir definitivamente la perspectiva de una Justicia participativa, que sustente la concepción de responsabilidad, mediante procesos socioeducativos y restaurativos, consideración esencial, ya que se trata de personas en desarrollo, en la que la intervención del Estado debe tener siempre como eje de su actuación, el interés supremo de niños y adolescentes.

“El problema de los menores de edad que se ven involucrados en situaciones delictivas sigue hasta hoy en la Argentina regido por leyes que equiparan estas graves situaciones a aquellas relacionadas con violaciones de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, acordándoles un idéntico tratamiento al anterior sistema del patronato de menores, traducido en el esquema tutelar”, fundamentan los senadores.

En total discordancia con la idea de los proyectos precedentes, la iniciativa del ex senador tucumano Ricardo Bussi propone bajar la edad de imputabilidad. “Sin que desconozcamos las causas profundas que dan lugar a que cada vez sean más los menores que optan por el delito, venimos a proponer por el presente proyecto una modificación de la vieja ley 22.278, modificada por la 22.803, reduciendo los límites de edad actualmente vigentes a los fines de la plena imputabilidad penal de los menores de edad”, estipula el proyecto del ahora legislador provincial.

Y agrega: “El aumento de la participación de adolescentes en la comisión de delitos de acción pública es un dato alarmante, del que da cuenta el más elemental de los estudios que se encaren sobre el tópico”. En el mismo sentido, Bussi asegura que “una de las cuestiones a partir de las cuales debe encararse este flagelo es, precisamente, la relativa al régimen penal de la minoridad, cuyos límites de edad han resultado desbordados por una realidad que día a día nos demuestra el aumento de índices de criminalidad de los menores de edad”.

Por su parte, en la Cámara baja existe el proyecto de la diputada Paola Spátola, quien señaló que esta iniciativa “apunta así a salir del modelo tutelar en materia de legislaciones de infancia que implica la expresión del modo en que las instituciones del Estado perciben la infancia pobre y la criminalidad, por un lado, y el fallido intento de resolver las cuestiones sociales desde el aparato judicial”.

Opuesto a los proyectos garantistas se encuentra la iniciativa de la diputada Graciela Gutiérrez, cuyo artículo 1° estipula que aquellos menores que sean detenidos por haber utilizado, exhibido o esgrimido en la comisión de un delito de cualquier índole o naturaleza tipificado por el Código Penal o las leyes especiales, armas de fuego, cualquiera sea la forma o calibre, no podrán ser liberados hasta que su condición sea juzgada y determinada definitivamente por el juez de menores del lugar en el que se ha cometido el hecho que presenta los caracteres o puede ser constitutivo de delito. Además, la iniciativa prevé que si el menor hubiera cometido varios delitos en lugares diferentes, el juez competente para juzgar al menor por los diversos delitos cometidos, será el del domicilio de éste.

Como se puede apreciar, entre los proyectos aparece una gran contradicción entre bajar la edad de imputabilidad de los menores y la protección de la Convención sobre los Derechos de los Niños.

Mientras los actos delictivos provocados por menores de edad crecen, el debate en las comisiones está truncado por las diferentes posiciones existentes. El problema ya no pasa por ser garantista o no. La realidad cotidiana que viven los ciudadanos exige una respuesta inmediata.

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