El Senado aprobó en comisión las modificaciones formuladas en la Cámara baja al proyecto de ley de Inversiones, que así no será manejado directamente por la cartera de Economía.
No se esperaba otra cosa, a decir verdad. Lo cierto es que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta le puso el moño a lo hecho en la Cámara baja, donde el ministro de Economía fue borrado como autoridad de aplicación de la iniciativa.
Se trata de un proyecto tendiente a fomentar las inversiones de las Pymes y el sector industrial a través de ventajas impositivas. El proyecto había sido defendido por el propio ministro Martín Lousteau en la Cámara alta, donde se aprobó tal cual quería, pero los diputados modificaron la norma cambiando el nombre “Ministerio de Economía” por el término “Poder Ejecutivo”, léase Julio De Vido, parra lo que corresponde al manejo del dinero.
Obviamente la oposición rechazó en forma airada el cambio, advirtiendo precisamente que ese manejo será seguramente del ministerio que conduce De Vido.
Desde el oficialismo, el jefe del bloque, Miguel Angel Pichetto, sostuvo que el cambio permitirá “reforzar la autoridad presidencial”, por cuanto será el PEN el que resuelva quien se encarga del manejo ante cada proyecto.
Por su parte, el titular de la comisión, el cordobés Roberto Urquía sostuvo que “al tener este proyecto de ley diferentes destinos, como proyectos de inversión vinculados con Economía, con el Ministerio de Infraestructura o hasta con la Secretaría de Medio Ambiente, la modificación introducida por los Diputados es lógica”.
Desde la vereda de enfrente, la senadora María Eugenia Estenssoro (CC) sostuvo que “el programa tiene zonas grises”, debido a que en su momento “se aplicó con enorme discrecionalidad”.
Recordemos que el proyecto había sido aprobado sobre tablas en febrero pasado en el Senado. En ese momento, la oposición dio quórum a cambio de que la norma estipulara con precisión que la autoridad de aplicación fuera el Ministerio de Economía.
La iniciativa busca establecer un régimen orientado a estimular las inversiones de bienes de capital nuevos que revistan la calidad de bienes muebles, excepto automóviles, amortizables en el Impuesto a las Ganancias, destinados a la actividad industrial así como para obras de infraestructura, menos las obras civiles.
La norma fija un cupo fiscal anual de 1.000 millones de pesos, de los cuales 200 millones serán destinados a las Pymes, aunque los beneficiados serán elegidos por el Poder Ejecutivo.
