Consultadas sobre la reiterada crisis del sector cárnico, las diputadas por la Coalición Cívica expresaron que durante los últimos años se evidencia “un agudo proceso concentrador en pocas de los factores de producción manos, el que desplaza cada vez más a pequeños y medianos productores del sistema agropecuario”.

Según las diputadas Susana García y Maricel Etchecoin Moro, “la llamada ‘modernización productiva’, impulsada por los grandes grupos económicos consolidados durante el menemato, ha instaurado un modelo de acumulación aperturista hegemónico basado en un creciente proceso de agriculturización. Nuevos modos de gestión que requieren de otros tipos de organización productiva, con una orientación casi exclusiva hacia el mercado externo, los que deterioran cualquier tipo de producción familiar”.

Al respecto, la diputada García explicó que “un tema principal que explica el conflicto por las carnes en el país es el desplazamiento de la ganadería, que ha modificado el mapa de este tradicional sector de la actividad agropecuaria, proceso que comenzó en 1994, cuando la agricultura se expandió de manera sostenida quitándole, hasta la actualidad, 11 millones de hectáreas a la producción de carne”.

Según Etchecoin, “la crisis no es de la ganadería en general, sino de los productores y, especialmente, de los más pequeños y/o medianos, debido a que la reubicación geográfica de la ganadería argentina no significa que la inversión la efectúen los productores oriundos de las zonas marginales, sino que los únicos posibilitados de hacerlo siguen siendo, como en los años 90, las grandes firmas argentinas o inversores foráneos que apuestan en el sector, como ocurre también en la producción porcina o en la soja”.

La diputada puso como ejemplo al grupo Cresud S.A. –uno de los mayores terratenientes y mayores ganaderos–, que posee campos de cría en el Norte Argentino, feedlots en San Luis y, actualmente, asociado con una empresa de capitales norteamericanos, compró un frigorífico en la provincia de La Pampa.

Puntualizaron que, en este sentido, la integración vertical de la cadena se orienta hacia una “ganadería sin ganaderos”. A su juicio, “una vez más la concentración económica imprime la realidad de los pequeños y medianos productores alejándolos del sueño del desarrollo social inclusivo”.

“Si en lugar de negociar con aquellos actores, que velan sólo por la rentabilidad económica del sector, el Estado Nacional se comprometiese con el desarrollo y el fortalecimiento de la agricultura familiar, se cumplirían los anhelos de la Patria Grande para todos; ya que aquella se sustenta en sistemas productivos estables y armónicos con el medio ambiente, además garantiza el empleo, la diversidad productiva, el arraigo de la población rural y el desarrollo de los pueblos del interior, debido a que la renta obtenible se reinserta nuevamente en la comunidad de la que forma parte”, expresaron las diputadas a través de un comunicado.

Etchecoin afirmó a su vez que “desde lo impositivo, también se revela la imposibilidad de continuar con las existencias ganaderas por parte de los pequeños y medianos productores. Desde la tranquera hasta la góndola los pasos son varios: transportes, consignatarios, transportes –nuevamente–, frigoríficos, mayoristas y minoristas; a los que se suma, en cada paso, el Sector Público Nacional en todos sus niveles (Nacional, Provincial y Municipal-Comunal) constituyendo, para los productores, una alta carga impositiva que, sin apoyo y regulación, se les hace muy difícil el sostén de sus medios de vida.

Según García, “la solución no tiene que ver con el libre juego del mercado, sino con un Estado que intervenga a través de políticas públicas activas para toda la cadena productiva que favorezcan el incremento de la oferta, la territorialidad natural ganadera, el abastecimiento del mercado interno y la exportación, la seguridad alimentaria, los controles sanitarios únicos, la diversificación en los sistemas productivos, la contención de las familias rurales ganaderas; en definitiva, configuran un sistema justo de producción, crecimiento y, sobre todo, de desarrollo sostenible. Es necesario, además, instrumentar políticas segmentadas, un ejemplo de ello lo constituye lo que percibe el Estado por vía de las retenciones a las exportaciones de carne se debería aplicar a un plan ganadero nacional que alcance a todos los productores de hasta 500 vacas”.

“Las decisiones políticas sobre el sector continúan afianzando el poder de los principales grupos concentradores de la cadena que son los que imponen los precios y las reglas de juego en la actividad. Aunque con las malas políticas implementadas por el Gobierno nacional se evidencia un claro deterioro del stock ganadero, vía liquidación de vientres y el ternericidio, actualmente se constata la extinción más rápida de los productores ganaderos que de la ganadería en sí”, afirmó la diputada por Santa Fe.

Las diputadas por la Coalición Cívica dijeron concebir que “es el Estado nacional el encargado de garantizar las reglas de juego entre las partes, planificando la oferta a largo plazo, asegurando el abastecimiento del mercado interno y externo, implementando sistemas tributarios acordes a la realidad del campo y el fomentando otras actividades productivas a través de precios sostén y entes reguladores, de modo tal que sea tan rentable hacer soja como ganadería o cualquier otra actividad propia de cada zona productiva”.