El bloque de diputados nacionales Coalición Cívica cuestionó a difusión del índice de precios al consumidor de febrero, al calificarlo de “dibujo nada creíble” y anunció la presentación de un proyecto de ley para “dotar de autonomía y seriedad al INDEC, un organismo prestigioso que sufre el vaciamiento del kirchnerismo”.

En tal sentido, la bancada opositora que preside el diputado Adrián Pérez propuso a sus pares una iniciativa que garantiza “la autonomía del INDEC respecto del Ejecutivo y la calidad técnica de sus funcionarios que deberán ser designados a través de un concurso de antecedentes y oposiciones”.

Para la selección de los aspirantes a los cargos de Director General y Director Adjunto, el proyecto se inspira en el mecanismo de designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.

En paralelo, los legisladores de la Coalición Cívica presentaron un pedido de informes al Ejecutivo para que explique los cambios metodológicos introducidos en el relevamiento del IPC desde enero a 2007. Y advirtieron que “las modificaciones provocaron un quiebre de la serie histórica, al imposibilitar realizar cualquier tipo de comparación temporal de la misma.”

Por otra parte, el bloque de la CC anunció que convocará a universidades públicas y privadas de todo el país para auditar los índices nacionales y provinciales divulgados por el INDEC, con el objetivo de transparentar sus mediciones.

Por su parte, la diputada CC Fernanda Reyes criticó el índice de inflación de febrero que dio a conocer el INDEC, por su falta de credibilidad, y denunció que el nuevo IPC que se está elaborando “no resuelve el problema de fondo”.

“Se está buscando reemplazar el IPC por un índice que reduce el universo de medición, en lugar de complementar los datos existentes. El problema no es crear nuevos índices, sino utilizar o actualizar aquellos que sean más representativos y abarcativos”, explicó Reyes.

Con respecto a los anuncios del gobierno sobre una inminente implementación de un nuevo IPC, la legisladora y economista de la Coalición sostuvo: “La utilización de cualquier nueva metodología no puede hacerse de un día para otro ya que requiere de un largo proceso hasta obtener datos confiables y definitivos. Se necesita tiempo y precisión, cosa que hasta ahora el gobierno no ha tenido”.

Sobre la causa que está llevando adelante el juez Rodolfo Canicoba Corral por la supuesta adulteración de los índices de inflación de Mendoza, Reyes señaló: “Después de la intervención del Indec, se comenzó a utilizar el IPC de Mendoza para obtener algunas estimaciones alternativas sobre el índice de pobreza e indigencia, observando que, históricamente, los resultados de esa provincia habían sido similares a los del Gran Buenos Aires. Esto explica, en parte, por qué destituyeron a la directora de Estadística y Censos de Mendoza, Patricia Giménez, e intervinieron su área también: sus datos revelaban la información que el gobierno hace más de un año que se esfuerza en manipular y ocultar”.

“Los meses pasan y aún no contamos con una normalización real del INDEC. Los datos estadísticos deben ser confiables, transparentes y de calidad. Si esto no se cumple, las consecuencias son sufridas por las actuales y posteriores generaciones, no sólo por no tener acceso a esa información, sino porque no pueden diseñarse políticas públicas reales sobre información manipulada”, concluyó Reyes.