La iniciativa tiene dictamen de comisión y será aprobada este miércoles pero todavía no será ley porque le realizaron modificaciones. Se incorporó un impuesto del 1% a las pólizas de seguros.
Las comisiones de Transporte y Presupuesto de la Cámara baja emitieron dictamen favorable al proyecto de seguridad vial enviado por el Poder Ejecutivo, con el que se busca reducir la cada vez más elevada cantidad de accidentes en nuestro país.
La idea del oficialismo se concretó con el dictamen en este plenario de comisiones, que habilitó el tratamiento sobre tablas en la sesión de este miércoles.
Los diputados avanzaron en el dictamen de la ley de seguridad vial en un plenario de comisiones que contó con la presencia del secretario del Interior del Ministerio del Interior, Mario Barboza. El funcionario defendió la unificación del otorgamiento de registraos en el marco del Registro Nacional de Conducir.
Aclaró al respecto que el cambio será gradual, y resaltó también la rejerarquización del Registro de Antecedentes de Tránsito.
Según pudo saberse, el texto recibió una serie de modificaciones respecto al texto sancionado por el Senado dos semanas atrás, con lo cual deberá volver a esa cámara para su sanción definitiva.
Las modificaciones que se incorporaron fueron un impuesto del 1% a las pólizas de seguros y cambia la prohibición de vender bebidas alcohólicas en la vera de las rutas por una limitación.
Sobre la creación de un impuesto del 1% sobre las pólizas de seguros de los automotores para financiar el plan, hay que recordar que ese artículo había sido introducido en la Cámara alta, siendo que corresponde a Diputados, por tratarse de una cuestión impositiva. Por eso es que se acordó en el Senado eliminar ese punto, para que lo introdujeran los diputados.
Cuando lo hagan, deberá volver al Senado para la sanción definitiva.
Recordemos que la iniciativa crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el ámbito del Ministerio del Interior, que será la encargada de establecer un único registro de conducir a nivel nacional y diseñar el sistema de “puntaje”.
Asimismo, las provincias y municipios deberán resignar su facultad de otorgar registros de conducir, ya que existe un convenio con los diferentes distritos para conseguirlo. Se transfiere además a la órbita de esa agencia el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, que está actualmente a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad.
El proyecto crea también un Observatorio de Seguridad Vial que investigará las infracciones y los siniestros de tránsito para evaluar las causas y sugerir políticas y posibles medidas preventivas.
