La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto de ley en el que se establece el “procedimiento en casos de aborto no punible”, y que “garantiza a las mujeres el derecho a la interrupción del embarazo en los casos de abortos no punibles, estableciendo el procedimiento que debe seguirse para la realización de esa práctica médica en las instituciones del sistema de salud”, según la autora de la iniciativa, la diputada Silvia Augsburger.

La legisladora socialista denuncia que “mientras se suceden las idas y vueltas legales y discusiones científicas, las mujeres abortan, las mujeres mueren por causa de abortos clandestinos e inseguros o son forzadas a continuar con un embarazo que no desean. Por eso la necesidad urgente de la presente ley para posibilitar a los médicos resguardo jurídico para realizar los abortos legales de manera eficaz, rápida, segura y con el debido respeto a la vida privada de las personas”.

“La Argentina es uno de los países que admite la legalidad del aborto en algunos casos concretos –señaló Augsburger-, o sea sobre bases detalladas: cuando peligra la vida o la salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Sin embrago estas excepciones legales son prácticamente letra muerta de la ley; no existe una correlación satisfactoria entre la ley y las prácticas o bien, la realidad social: aunque existan figuras despenalizadas estas prácticas no se efectivizan”.

Actualmente existe una prohibición implícita que se trasluce en una negativa de los propios profesionales médicos, en muchos casos, y de los jueces a autorizar prácticas abortivas. Aunque la ley no prevé la solicitud de autorización judicial en aquellos casos en que se presentan las situaciones despenalizadas, los médicos acuden al órgano judicial en busca de aprobación. Generalmente el permiso es denegado o la espera de respuesta origina demoras irreversibles, implicando ello un menoscabo del goce o ejercicio de los derechos fundamentales en condiciones de igualdad por la situación socioeconómica y social.

“Creemos que esta situación, la de los abortos permitidos por la ley que no se realizan o que son inaccesibles para las mujeres de escasos recursos que acuden a la salud pública, requieren de una respuesta urgente. Diversos sectores comparten esta preocupación, de allí que existen proyectos legislativos presentados tanto en la legislatura nacional como en diversas legislaturas provinciales que proponen regular los procedimientos sanitarios en caso de abortos no punibles”, señala la Presidenta del bloque del PS en la Cámara de Diputados. La iniciativa será tratada próximamente por la Comisión de Legislación Penal.