Legisladores del FpV en sintonía con la Casa Rosada se oponen al traspaso de la Policía con fondos. Paradójicamente varios de sus dirigentes -en otro momento político- pensaban lo contrario. ¿Qué hubiera pasado si ganaba Filmus en las últimas elecciones?
Por César Montenegro
La imperiosa necesidad del traspaso de los servicios de Policía al ámbito porteño ajustado a los mandatos constitucionales y el rechazo enérgico, a toda iniciativa que ignore la transferencia con las partidas presupuestarias previstas y establecidas por la ley, fueron abordados en numerosos proyectos de ley, declaración y resolución presentados en la Legislatura. Toman especial relevancia las propuestas elevadas por dirigentes del oficialista Frente para la Victoria.
La Secretaría Parlamentaria tiene registrados 36 proyectos. La primera iniciativa data de 1998, bajo el número 43 y fue impulsada el 20 de enero por el entonces legislador frepasista, Abel Fatala, actual miembro del gabinete del Ministerio de Planificación que conduce Julio De Vido.
En aquel entonces, el ahora jefe de Gabinete Alberto Fernández en su proyecto de declaración Nº 3470/01 expresaba “su categórico rechazo al traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño por parte del Estado nacional sin su correlativa asignación presupuestaria”.
Del mismo modo instaba “al Poder Ejecutivo de la Ciudad a que arbitre los mecanismos necesarios para garantizar que el traspaso aludido se efectivice a la brevedad acompañado de las partidas pertinentes”.
En sus fundamentos manifestaba que “el postergado traspaso por parte del Estado nacional de la Policía Federal al ámbito porteño, parece haber cobrado en los últimos días una singular premura por parte de aquél y de los Estados provinciales”, acotaba suspicazmente y añadía que “sólo se entiende cuando se advierte la velada intención de transferir los servicios sin los correspondientes recursos, significando en consecuencia un ahorro para la Nación -en desmedro de la Ciudad- de alrededor de $ 800.000.000 con la natural contrapartida que ello implicaría para ésta”.
Para no dejar dudas, Fernández, concluía en que “evidentemente no se trata de cumplir con mandatos constitucionales y legales, sino simplemente de obtener un rédito económico para la Nación -acordado sugestivamente con las provincias- perjudicando claramente a uno de los pocos presupuestos ordenados de la República”.
Por su lado, la legisladora por la Alianza, Vilma Ibarra expresaba a través de un proyecto de declaración girado y aprobado el 16 de noviembre del mismo año que “el traspaso de la Policía a la órbita de la Ciudad deberá hacerse, ineludiblemente, con la correspondiente transferencia de partidas presupuestarias, actualmente incluidas en el Presupuesto de la Nación”.
A renglón seguido sostenía que los argumentos eran numerosos, pero que bastaba “mencionar que el aporte que hace la Ciudad a la masa coparticipable asciende a casi el 30%, mientras que recibe 157 millones de pesos, que equivale a menos del 1%. Siendo el segundo distrito que más aporta, y es, por lejos, el que menos percibe”.
Remataba afirmando que el traspaso sería aceptado “únicamente con la consecuente transferencia de partidas presupuestarias, ya que de lo contrario, se estaría violando la ley de Presupuesto, que fue aprobada contemplando ese gasto, constituyendo una extracción sin fundamentos legales, para el erario de la Ciudad”.
Mientras que la actual legisladora por el Frente para la Victoria, Silvia La Ruffa, en su proyecto Nº 1.484/04, propendía la creación de una Policía Metropolitana, según lo dispuesto en el Artículo 34° de la Constitución porteña, “para asumir funciones de prevención y seguridad de personas y bienes”.
Para La Ruffa la fuerza policial tendría a su cargo “el mantenimiento del orden urbano y la seguridad pública, en el ámbito de la Ciudad dentro de los límites determinados por el Artículo 8°, de la Constitución”.
El proyecto establecía la dependencia orgánica y funcional al Poder Ejecutivo de la Policía Metropolitana, a través del jefe de Gobierno.
Lo más importante, con respecto al tema en cuestión, es que establecía la participación, en los términos de la ley nacional Nº 24.059, de la Policía Metropolitana en el Consejo de Seguridad Interior, el que paradójicamente sólo es integrado por Estados provinciales que gozan de autonomía plena.
En los fundamentos la legisladora kirchnerista manifestaba que la Policía Federal tenía que ocuparse de la venta ambulante, la prostitución callejera, las infracciones de tránsito y todas las contravenciones, por lo que expresaba “es un disparate que esto suceda, cuando podemos poner una fuerza nueva para que se ocupe de esas cosas. La prioridad de la Policía Federal es combatir el delito y no las infracciones de tránsito”.
Recordaba entonces que en 1994 cuando se reformó la Constitución Nacional se estableció en el Artículo 129º que la ciudad de Buenos Aires tendría un régimen de Gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y que ello era “la consagración en el texto constitucional de la autonomía porteña”.
La Ruffa decía además que “el primer paso dado en ese sentido, fue la elección del jefe de Gobierno por el voto directo y la elección de Convencionales Constituyentes que el 1° de octubre de 1996 sancionaron la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”, para añadir a continuación que luego se constituiría “la Legislatura que comenzó a dictar las leyes necesarias para el funcionamiento y administración de la Ciudad con su nuevo régimen de autonomía”.
Aunque a continuación reconocía “No obstante, la autonomía otorgada a la Ciudad, ha sido menoscabada, retaceada, restringida y vulnerada”.
La entonces belicista María Laura Leguizamón presentó un proyecto de declaración en el que hacía conocer su agrado para que se concrete la transferencia plena de la Policía Federal a la Ciudad con las correspondientes partidas presupuestarias conforme lo establecido en el artículo 75º, inc. 2º de la Constitución Nacional y en la cláusula decimotercera de la carta magna porteña.
La iniciativa girada como expediente Nº 2.022/01, manifestaba que se pretendía la plena transferencia junto con las partidas presupuestarias correspondientes, “dado que ello es lo que el Constituyente ha querido y esta Legislatura ha manifestado en reiteradas oportunidades, la necesidad de que dicha realización”, se lleve a cabo.
Por lo que se puede apreciar varios dirigentes del FpV estaban de acuerdo con el traspaso de la Policía con fondos, pero como ganó Mauricio Macri revieron su postura para no allanarle el camino al líder del PRO. Otro hubiera sido la posición si en la Capital triunfara Daniel Filmus.
