La Argentina no cumple con el Protocolo de Palermo ratificado en el 2002 sobre la condena a la trata de personas. El proyecto fue aprobado en el 2005 en el Senado, ahora comenzó a debatirse en Diputados. Su sanción es una de las prioridades inmediatas de la Cámara baja.
Por Julio El Alí
Una mujer se encuentra en el punto más alto del poder, mientras miles padecen el infierno de ser raptadas, abusadas, esclavizadas y obligadas a tener sexo para subsistir. Esta es la paradoja que vive la sociedad argentina, que observa con júbilo cómo algunas pocas mujeres avanzan en funciones ejecutivas, logran ocupar espacios en la política, pero miran para otro lado cuando se habla de “trata” de blancas, o su definición más actual: trata de personas.
Aunque parezca increíble, todavía en el siglo XXI la venta de personas sigue siendo uno de los negocios más rentables. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) revela que la trata de personas es un delito que a nivel mundial somete anualmente a millones de personas -4 millones de adultos y 2 millones de niñas y niños- a condiciones de esclavitud y genera ganancias estimadas en 32 mil millones de dólares, donde más del 85% proviene del comercio sexual”, asegura la OIM en base a datos recopilados por la Organización Internacional del Trabajo en 2005.
En Argentina desaparecieron 400 mujeres con el fin de ser explotadas sexual y comercialmente durante 2006. Estas son las que fueron denunciadas, ya que muchas familias, por temor o desconocimiento, no realizan las denuncias.
Por estos días, el número estimativo habría crecido entre un 6 y un 11%, lo que es superado solamente por el negocio del narcotráfico.
Tierra adentro
La investigación de Migraciones revela que “en América Latina, organizaciones criminales transnacionales y redes internas involucradas en la trata de personas, cuentan con un escenario ideal para su desarrollo frente al desconocimiento de su dinámica y dimensión. Este problema es escasamente conocido por la ciudadanía y a nivel institucional, proporcionando altos índices de impunidad, ya que no se puede perseguir ni castigar”. Se estima que en esta región, entre 700 mil y 2 millones de personas son víctimas de tratantes cada año, aunque no existen cifras precisas.
Es menester comprender que no se puede analizar la trata de personas desde una sola provincia o un país, sino que se habla de región porque así operan los tratantes de personas.
“A nivel internacional argentina es considerada un país de destino para mujeres y niños víctimas de trata con fines de explotación sexual. La situación compromete a todo el territorio”, establece el informe Estudio Exploratorio sobre la Trata de Personas con fines de Explotación Sexual en la Argentina, Chile y Uruguay, que se realizó con el fin de contribuir “a un mayor conocimiento y permitir así la toma de medidas por parte de los Estados y de la sociedad en general”.
De acuerdo con este documento de más de 300 páginas, se “importan” muchas jóvenes paraguayas y “exportan” argentinas a Chile, Santa Cruz de la Sierra, Colombia, España, pero sobre todo existe una intensa “trata interna”, de una provincia a otra. Las rutas más usadas van de Misiones a Buenos Aires, Córdoba, de Entre Ríos al Sur; de Tucumán a La Rioja; de Chaco a Córdoba; de Santa Fe a Córdoba y del Noroeste a Chubut. “La provincia mesopotámica de Misiones es el territorio proveedor más importante”, señala.
Los tratantes son reclutadores, proxenetas o regentes de prostíbulos y, según el organismo internacional, “para su trabajo recurren a la protección de funcionarios públicos y de miembros de las fuerzas de seguridad. También necesitan operadores secundarios, como empleados de empresas de transportes -garantizan pasajes para el traslado de mujeres y niños o documentación de viaje-, personal de compañías de telefonía celular que proveen líneas seguras y encargados de confeccionar documentación falsa para menores y extranjeros”.
En general se intercepta a las víctimas en pueblos del interior y las trasladan a prostíbulos de ciudades o wiskerías de caminos. “También las rotan e intercambian de provincia en provincia a través de un sistema denominado de plazas”. La actividad de reclutamiento muchas veces queda en manos de mujeres que ejercen el oficio más antiguo del mundo, como se dice habitualmente. “Los regentes de los prostíbulos las amenazan con dañar a su familia en su lugar de origen si no regresan o si lo hacen con menos chicas de las encargadas”, advierte el estudio.
“Los proxenetas no tienen establecimientos propios, por eso envían a las mujeres a prostíbulos, donde son explotadas por un período que puede variar entre una semana y 45 días –una chica significa para el explotador alrededor de 12.000 pesos mensuales–”, dice el documento. “Si la mujer vuelve enferma, golpeada o mal alimentada, el regente del prostíbulo donde estuvo debe pagar una indemnización al proxeneta”.
La OIM constató que la práctica del secuestro es común particularmente desde Tucumán hacia La Rioja y detectó operadores de estas redes en Santa Fe, Chaco y en el noroeste argentino.
Sobre la mayoría de las desapariciones de personas existen denuncias y trámites judiciales, sin embargo el análisis de las causas reveló que fiscales y jueces “carecen de conocimientos básicos para el abordaje de estas formas de delincuencia”. Además existe un escaso número de condenas tras extendidas investigaciones, y en el mejor de los casos, “la comprobación de los hechos se agota en la identificación del regente o dueño del prostíbulo”.
Por otra parte, en las investigaciones judiciales aparecen implicados “en forma recurrente funcionarios públicos y políticos”. Se observaron “con preocupación” prácticas que van desde “la tolerancia omisiva hasta la activa protección de los tratantes por parte de miembros de fuerzas de seguridad”.
Según el informe, los casos judicializados analizados muestran que quienes utilizan el secuestro como medio de captación o reclutamiento “gozarían de vínculos directos con autoridades políticas, judiciales y policiales”.
De acuerdo con el documento de OIM, del total de mujeres ingresadas a Chile por organizaciones de trata, 40% son argentinas. Al mismo tiempo, más de la mitad de las chicas paraguayas captadas por bandas de proxenetas terminan esclavizadas en prostíbulos argentinos. Estas y otras situaciones gravísimas se sustentarían en “la falta de legislación adecuada, la inexistencia de estudios, la escasa capacitación y desidia de los funcionarios que no efectúan investigaciones serias de los casos de trata”. También en “la connivencia policial y política que en muchos casos dificulta las investigaciones y los procedimientos”, aunque “el principal obstáculo para la persecución penal de la trata es el desconocimiento de los jueces y fiscales”.
Vacío legal
Ahora bien, luego de este informe de la OIM, es menester detallar qué hace el Congreso para llenar el vacío legal que existe en la actualidad.
Primero, un poco de historia. En noviembre de 2005, la Cámara de Senadores aprobaba un proyecto de ley que modificaba el Código Penal, caracterizando la trata de personas como delito federal, y de asistencia integral a las víctimas de ese flagelo. Hubo muchas discusiones y postergaciones, pero finalmente se logró compatibilizar numerosas iniciativas y propuestas. Un año más tarde, Diputados abordaría el proyecto de la actual legisladora tucumana Stella Maris Córdoba (Frente para la Victoria). A pesar de las presiones en reclamo de la sanción de la ley, ésta nunca llegó a discutirse sobre tablas y fue retenida en la Comisión de Justicia.
Sin embargo, fue el mismo Poder Ejecutivo que habilitó el tema para las sesiones extraordinarias y comenzó nuevamente el debate sobre una ley Antitrata. En febrero se dio la primer “batalla” entre los conservadores del texto del Ejecutivo que cuenta con media sanción del Senado y las diputadas que objetan varios errores en el proyecto que “en definitiva cambia muy poco”.
El dato particular es que aquí no hay un cruce de intereses políticos, ya que las posiciones encontradas son de dos oficialistas: la actual diputada y ex senadora Vilma Ibarra y la diputada Stella Maris Córdoba. Quien también se encuentra en las filas de la legisladora Córdoba es la diputada de la Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano, y la jefa del bloque socialista Silvia Augsburger.
Desde el grupo de las mujeres que quieren introducir cambios al proyecto, afirman que “lucharán para dar pelea y sacar la mejor ley”.
Lo que ahora discuten los legisladores y asesores en la Comisión de Legislación Penal, presidida por la diputada oficialista Nora César, es el dictamen que sacarán adelante. Aunque en un principio el objetivo de la mayoría es compatibilizar la propuesta que viene del Senado con la iniciativa de la legisladora tucumana para evitar que el proyecto tenga que ser debatido nuevamente en la Cámara alta, con la intervención de Gil Lozano y las observaciones de varias organizaciones que trabajan la problemática, será inevitable sacar un nuevo dictamen donde se introduzcan considerables modificaciones.
Cabe recordar, que en el 2005, la propuesta de Córdoba fue intentar llenar el vacío legal denunciado por el informe de la Organización Internacional de Migraciones. “Se trata de un delito nuevo, tal vez por eso existe un vació legal en nuestro país y por lo tanto no está tipificado. En Argentina se aprobó en 2002 la ley que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado y el Protocolo de Palermo específicamente referido a la trata de personas en mujeres y niños, sin embargo todavía no tenemos una ley Antitrata”, explicó la legisladora.
Córdoba propone castigar con hasta 20 años de prisión a los tratantes de niños, niñas y mayores de 18 años; es decir que sanciona la captación, transporte o traslado de las víctimas en el país, desde éste hacia el exterior o en forma inversa, mediante engaño, fraude, violencia, amenaza o medios de intimidación o coerción para su explotación comercial. Establece también que el delito se configura con o sin el consentimiento de las víctimas y que éstas no podrán ser castigadas por infracciones cometidas durante el tiempo en que estuvieron en condiciones de esclavitud. En síntesis, fija sanciones más severas para reprimir el delito de trata y la creación de un organismo de aplicación de la ley.
En el infierno. El Protocolo de Palermo es uno de los tres correspondientes a la Convención Internacional contra el crimen organizado transnacional del 2000, instrumento que establece expresamente la obligación de los estados partes de tipificar, perseguir y sancionar la trata de personas interna e internacional. De modo que a casi seis años de su ratificación, lo corroboró en noviembre de 2002- se encuentra en mora de adoptar una legislación penal acorde con las obligaciones asumidas internacionalmente.
La Comisión de Legislación Penal de Diputados está en marcha y, según las diputadas que abordan el tema, luego de una reunión entre las comisiones de Legislación Penal, Presupuesto y Familia, emitirán un nuevo dictamen para llevar pronto este tema al recinto.
Tan es así que el titular del bloque del FpV de la Cámara baja, Agustín Rossi, confirmó a Parlamentario que el proyecto de trata de personas será tratado en las próximas sesiones.