Por Pablo Winokur

Asimismo, este año deberemos sancionar una nueva Ley de Educación Superior; un viejo compromiso que tienen las instituciones argentinas. (Aplausos)

Fue una de las pocas propuestas legislativas concretas que se presentaron este 1° de marzo en el Congreso, con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la sanción de una nueva ley de Educación Superior, que incluya la regulación de todas las universidades nacionales públicas y privadas, pero también de toda la educación no universitaria (terciarios, profesorados, etc).

El debate había quedado pendiente el año pasado y fue una de las pocas deudas de Daniel Filmus al frente de la cartera educativa. Empezó con financiamiento educativo; luego vino la de Educación Técnica, la ley Nacional de Educación y Educación Sexual. El paso que seguía era re-regularizar la Educación Superior, pero no pudo ser: el año electoral pudo más.

Ahora su sucesor, Juan Carlos Tedesco -uno de los teóricos más reconocidos en lo que hace a investigación educativa- será el encargado de enviar al Congreso la nueva propuesta. ¿Se utilizará un mecanismo de consultas similar al que se usó con la Ley Nacional? ¿O se enviará una propuesta consensuada en despachos ministeriales?

Sin dudas esto abre distintos interrogantes. Por lo pronto, en los despachos del Congreso ya se habla de los puntos que regulará la ley: cuatro elementos de debate que pueden ser leídos entrelíneas en el discurso de la Presidenta. Aquí los anunciamos.

Es importante aclarar que existen en este momento once proyectos de ley en el Congreso, referidos al tema de la Educación Superior. El que más interés suscita en el Ejecutivo fue elaborado por el ex rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto Alberto Cantero Gutiérrez (FpV) y firmado por varios legisladores oficialistas.

Desde la oposición hay para todos los gustos. La del socialismo había sido elaborado por Rubén Giustiniani en su paso por la Cámara baja; hoy es re-presentada por Silvia Augsburguer con algunas modificaciones.

Por el radicalismo hay dos: una encabezada por Hugo Storero; la otra por Alicia Tate (ambos mandatos cumplidos). El ARI autónomo también tiene su propuesta presentada, al igual que los provinciales, elaborada por Eusebia Jerez (Fuerza Republicana, MC) y Hugo Acuña (MPN). El macrismo también puso sus fichitas. Luego aparecen legisladores que a título individual piden determinados cambios, como Adriana Bortolozzi que pide eliminar el Cenau.

Autonomía

“La autonomía se obtuvo después de largas luchas gracias a la Reforma de 1918. Fue fruto, también, de la lucha contra el régimen y por la libertad de pensamiento, de cátedra y de enseñar, valores que deberemos seguir defendiendo”.
(Cristina, 1° de marzo de 2008)

La autonomía es uno de los puntos claves a reformar. Al analizar la legislación vigente -la 24.521, sancionada durante el gobierno menemista- se dice que la misma es demasiado “reglamentarista”. Tanto que se termina inmiscuyendo en la vida interna de la Universidad.

Sin embargo, uno de los debates más importantes tendrá que ver con la posibilidad o no de que el Estado se involucre. La voluntad del Ejecutivo -según un anteproyecto elaborado por la Secretaría de Políticas Universitarias- sería introducir algunos mecanismos que permitan mediar entre la autonomía y el “proyecto nacional”.

Por ejemplo en la propuesta de Cantero Gutiérrez se plantea como objetivo: “Tender a ampliar gradualmente el margen de autonomía”, pero aclara que “dentro de los lineamientos de la política educativa jurisdiccional y federal”. Dice también que para mantener la autonomía éstas deben rendir “cuenta del uso de sus medios y recursos y del cumplimiento de sus fines a la sociedad”.

Avala la intervención por parte del Congreso si hay una “grave alteración del orden público”, un “conflicto insoluble” dentro de la Universidad o “violación de esta ley”. Aquí hay una diferencia respecto a las propuestas de la oposición que dicen que el único poder del Estado que puede intervenir la Universidad es el Poder Judicial.
Establece por último que corresponde al Ministerio de Educación “la formulación de las políticas generales en materia universitaria”, aunque “respetando el régimen de autonomía”

Bueno y barato

Además, no solamente estamos en condiciones de lograr un mejor país, sino también de devolverles a quienes sostienen la universidad pública y gratuita -al pueblo, que sostiene nuestra educación-, a través del conocimiento, herramientas para la generación de riqueza. (Cristina, 1° de marzo de 2008)

La Presidenta dijo una gran verdad. Es el pueblo -tanto pobre como rico- el que sostiene al sistema universitario gratuito. Por eso, habla de devolverlo a modo de desarrollo económico. El tema de la gratuidad o no también será un eje importante del debate. El anteproyecto que estaría por presentar en estos días la Secretaría de Políticas Universitarias dice expresamente que las carreras de grado serán gratuitas. Así se cierra la puerta al arancelamiento.

El proyecto de Cantero Gutiérrez también lo establece así en su segundo artículo, que prohíbe expresamente “el establecimiento de rentas, aranceles, tasas o contribuciones que signifiquen un gravamen implícito o explícito sobre los estudios universitarios y terciarios que se dicten en las instituciones estatales de enseñanza superior de carácter público”.

No obstante no todos están de acuerdo con esto. La propuesta del socialismo y el radicalismo mantiene la misma sintonía. Pero el de Eusebia Jérez y Hugo Acuña se expresa en sentido contrario: “Frente a los que plantean la gratuidad de los estudios de grado nos preguntamos, ¿por qué? Si bien puede deberse a una concepción universalista de acceso a la educación universitaria, creemos que lo que realmente debemos garantizar es la igualdad de oportunidades y de acceso”, dicen en sus fundamentos. En ese sentido, plantean la posibilidad de arancelar y destinar esos montos exclusivamente para las becas de los que menos pueden.

Por lo tanto, tendremos que articular lo académico y lo económico, como hacen las grandes sociedades desarrolladas de todo el mundo (…) parece casi como si fuera pecado relacionar el ejercicio intelectual con la economía, cuando, en realidad, se trata de un círculo virtuoso.

Otro de los puntos centrales tiene que ver con esa articulación. Imposible mejorarla y modificarla sin cambiar la autonomía Sin embargo existen otros mecanismos para optimizar esto. Y tiene que ver con la política de evaluación. Actualmente quien examina y acredita las carreras es el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), altamente politizado y dependiente del Ministerio.

Hay quienes plantean la necesidad de abrir el juego o cuanto menos modificar la composición del organismo. También se especifica en algunos proyectos la necesidad de articular las carreras con las currículas del Mercosur. Otros como Adriana Bortolozzi proponen suprimirlo.

Segundos afuera

Existen otros puntos que seguramente deberán ser evaluados en la nueva ley: el co-gobierno es uno de los principales, dado que de esto depende la armonía futura entre todos los claustros.

¿En qué cuestiones aún no hay acuerdo? Hay quienes impulsan la elección directa de las autoridades. Es decir, un estudiante-un voto lo cual democratizaría la Universidad. Otros se oponen a este mecanismo y aducen que la Universidad no es una institución democrática: hay alguien que sabe y alguien que aprende. ¿Pueden los estudiantes de primer año votar al rector? ¿Están en condiciones de decidir?

El otro tema es quién tiene derecho al voto en el claustro docente: no hay que olvidar que la mayoría de los profesores son no rentados. Como hoy sólo votan los concursados esto termina generando cierta discrecionalidad que no se condice con la realidad.

Por último, hay quienes plantean la necesidad de que también los no docentes estén involucrados -aunque sea en una participación pequeña- en el gobierno universitario.
Como se puede ver, éste es un tema difícil y polémico. No se trata de uno o dos puntitos, sino un debate muy profundo que involucra a una multiplicidad de actores e intereses. Y no hemos hablado en esta nota de las universidades privadas, del conflicto por las carreras no universitarias, el sistema de posgrados.

Tal como lo hemos hecho en el debate por la ley Nacional de Educación, seguramente cada uno de los puntos aquí tratados (o no tratados) deberán ser expuestos en una nota aparte. 2006 fue el año de la ley Nacional. Probablemente éste sea el de la ley de Educación Superior. Parlamentario promete como siempre acompañar el debate.