La Cámara alta comenzará a debatir el mes próximo un proyecto que, de aprobarse, transformaría a las armas en "materiales prohibidos" para restringir su acceso.
La titular de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, Sonia Escudero, explicó que la nueva definición convertiría en obligatorio el pedido de una autorización expresa para acceder a un arma y establecería un mayor control sobre los armamentos en poder de los ciudadanos.
“En la Argentina tenemos una ley de armas muy antigua, que se fundaba en un principio demasiado permisivo: toda persona que quería tener un arma, iba al Registro Nacional de Armas (RENAR), solicitaba una autorización y se la daban, luego de un examen psicofísico, que ha demostrado ser bastante poco estricto hasta ahora”, dijo la senadora justicialista salteña.
La legisladora dijo que la propuesta, que pasará a ser debatido en el Senado durante el mes de abril, apunta en primer lugar “a cambiar el paradigma, porque se tratará a las armas como un material prohibido, por lo que su uso deberá ser pedido expresamente”.
El proyecto de la senadora justicialista norteña prevé que “los civiles deberán invocar una razón clara para justificar la necesidad de un arma”, por lo que ya no será posible adquirir armamento aduciendo motivos abstractos del tipo “una inseguridad generalizada”, sino que deberá fundarse en “motivos de trabajo, o porque vive en una zona muy aislada sin la presencia cercana de policía, o es practicante de tiro, o de caza”.
De aprobarse la iniciativa, quienes usen armas deberán tener una tarjeta de municiones, para que “pueda controlarse la cantidad que está adquiriendo y analizarse si tienen el uso adecuado al propósito que dijeron necesitarlas”.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Interior opinó que el nuevo sistema será “mucho más controlado y prohibitivo”, lo que se complementará con el retiro de circulación de todos los excedentes armamentísticos.
Escudero argumentó que la propuesta ya fue adoptada por el Parlamento Latinoamericano, que la recomienda para que se aplique en todos los países de la región.
Sostuvo que en la Argentina, “la campaña de desarme sigue funcionando con bastante éxito, a juzgar por la cantidad de armas que silenciosamente se van recolectando y se van destruyendo”.
El proyecto definitivo estará en condiciones de ser debatido en abril, luego que obtenga la plena aprobación de parte del RENAR, el organismo del control de armas, que pasó del Ministerio de Defensa, al de Interior y ahora a Justicia.
