La diputada nacional Silvana Giudici (UCR Capital) presentó un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados cite al ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, y que explique la inacción policial durante los incidentes registrados el día 25 de marzo pasado en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.

Durante los incidentes fueron agredidas varias personas, una de ellas por el líder del grupo piquetero agresor Luis D`Elía, y el director de la Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia.

El hecho que la diputada Giudici quiere esclarecer es “el retiro de las fuerzas policiales, cuando se produjo el ingreso de seguidores de Luis D’Elía entre otros dirigentes sociales, quienes fueron a expulsar en forma violenta y provocativa a las personas que pacíficamente reclamaban en la Plaza de Mayo repudiando las declaraciones de la Presidenta de la Nación, sobre el conflicto del campo”.

Además, quiere aclarar “si existió por parte del señor ministro o algún otro funcionario del gobierno nacional, orden de retiro de efectivos policiales en el momento del ingreso de las columnas afines al Gobierno. Si esa orden existió cuáles fueron los motivos que la fundamentaron”.

En sus fundamentos, la diputada Giudici –presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión- señala que “el derecho de expresión y de peticionar ante las autoridades es un derecho inherente a la condición de seres humanos y de ciudadanos argentinos expresado como una garantía en nuestra Constitución Nacional.”

“Durante los reclamos de los manifestantes contrarios al gobierno se notaba fuerte presencia policial en las inmediaciones de la calle Hipólito Yrigoyen y en las vallas que están dispuestas frente a la Casa de Gobierno”, indica la legisladora en el pedido y aclara que cuando “los grupos afines al gobierno enfrentaron a los manifestantes obligándolos a desalojar la Plaza de Mayo a fuerza de corridas y amenazas, mientras la Policía Federal que se ubicó en la retaguardia de los agresores emprendió una rápida retirada”.

Finalmente, Giudici subraya que “si esta indiferencia policial ante los disturbios responde a una orden política impartida por el Ministerio de Justicia y Seguridad o de algún otro integrante del Gobierno estaríamos frente a un flagrante incumplimiento de los derechos constitucionales que pondría en riesgo a la democracia, a la convivencia pacifica de los argentinos y a los derechos humanos fundamentales de los cuales este gobierno se ha declarado fiel observador”.