En la reunión del martes 25 de marzo, la mayoría de la Comisión de Legislación Penal; de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y de Presupuesto y Hacienda, firmaron un dictamen ratificando la media sanción de un proyecto de ley que venía del Senado y que no preveía muchos puntos que son esenciales para que se adecue la legislación nacional, a las convenciones internacionales firmadas por Argentina.

Hay que recordar que existía un proyecto de la diputada oficialista Stella Maris Córdoba que los expertos en la temática consideraban el proyecto más acorde para una adecuada legislación nacional, que incluía, no sólo las sanciones penales, sino también mecanismos de asistencia y reinserción de las víctimas a la sociedad. También existía un proyecto de la diputada de la Coalición Cívica Fernánda Gil Lozano.

Vega recalcó que al proyecto que se aprobó cuenta con importantes objeciones, entre ellos: no prevé eliminar la distinción entre mayores y menores de 18 años, eliminar el consentimiento de la víctima en la práctica sexual o laboral ya que en el delito de la trata éste nunca está, y establecer mecanismos de protección y asistencia a la víctima una vez recuperada ésta.

El diputado Vega planteó también la necesidad que la ley establezca la incautación de bienes materiales de los tratantes, para que se rompa con el negocio de los tratantes y que el resultado de dichos bienes puedan ser utilizados para la asistencia de las víctimas, tal como se hace en otros países.

Sostuvo el legislador que el proyecto que se pretende aprobar en el Congreso, no reúne los requisitos de “adoptar medidas legislativas adecuadas” que prescribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene rango constitucional en nuestro país.