La Cámara baja sancionó la ley Anti Trata, que tuvo disidencias dentro del mismo bloque oficialista y en los palcos fueron colmados por organizaciones no gubernamentales que abuchearon a la diputada miembro informante.

"Me llama la atención ver que hay disidencias porque esta ley no será perfecta pero evidentemente es un paso fuerte en la percepción de este aberrante delito que rechazamos todos los argentinos", manifestó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Nora César, quien fue la miembro informante del tema y leyó un informe de la Organización Internacional de Migraciones.

César concluyó que "el Congreso llenará un vacío legal sobre la problemática mundial de la Trata de Personas".

La diputada de la Coalición Cívica Fernanda Gil Lozano atacó a César porque la miembro informante dijo que no hay ley de trata y la legisladora Gil Lozano aclaró que "hay ley de Trata en Argentina, pero es desactualizada".

"Ninguna organización social que lucha con esta práctica está de acuerdo", sostuvo la diputada.

Con respecto al Protocolo de Palermo, la diputada destacó que "la ONU le hace observaciones a la definición de la Trata que contiene el protocolo". Y agregó: "Esta es una necesidad del Gobierno porque necesita plata de las secretarias de Estados Unidos, pero podría haber hecho una ley mejor".

Gil Lozano concluyó con lagrimas preguntándose ¿Por qué nos hacen esto?"

Por su parte, la autora del proyecto aprobado, la diputada Vilma Ibarra, detalló como es el delito de trata y definió que "es un fenómeno que se refiere a la primera parte de la acción: "reclutamiento, transporte y acogimiento de una persona para la explotación".

"El delito de trata se consume y luego hay otros delitos que llegan hasta 60 años", explicó la legisladora aliada al oficialismo con respecto a los años que se le otorga a los proxenetas.

Con respecto a la diferencia de edad, Ibarra dijo "que nunca vamos a permitir que un niño consienta la explotación sexual pero se debe permitir la actividad sexual de una prostituta".

En defensa del Protocolo de Palermo detalló que se aprobó el tratado por una unimidad en el Parlamento firmado 140 paises.

"Hay consensos internacionales y lo mejor de esta ley es que se federaliza el delito", concluyó la titular de la Comisión de Legislación General.

En cambio, "No agrega ni quita nada esta ley desde el punto de vista legal la trata de persona. Nos quedamos en el camino", dijo la diputada radical Silvia Storni, quien apuntó contra "la mayoría que no escucha a la oposición y vota leyes que no sirven para nada".

La diputada oficialista Stella Maris Córdoba se diferenció del proyecto kirchnerista y dio una detallada explicación de los "errores de este proyecto".

En tanto, el Socialismo señaló que sus objeciones al proyecto sobre trata de personas que se debate en la Cámara de Diputados. "Queremos que se escuche el reclamo de las ONGs en el que se plantea que el delito se configura aunque la víctima haya prestado su consentimiento, cualquiera sea su edad. Proxenetas y tratantes son delincuentes por sus acciones y no por hechos o condiciones de la víctima", señaló la presidenta del bloque PS, Silvia Augsburger.

"Es urgente la necesidad de diseñar una política de Estado para enfrentar este problema, y esta política debe considerar la protección de los derechos humanos de las víctimas y la efectiva persecución del delito de trata de personas. Esta protección debe hacerse efectiva además con la implementación de un programa para la prevención y asistencia a las víctimas, sobre lo que también hemos presentado un proyecto en el Congreso", afirmó la presidenta del bloque del PS.

Augsburger destacó además que "hasta hoy ese compromiso sólo lo han asumido las numerosas ONGs dedicadas al tema y un conjunto de personas que -como la madre de Marita Verón- se han comprometido con la búsqueda y asistencia de víctimas de trata y explotación sexual a partir de tristes experiencias personales por las que han tenido que pasar. Aun con toda la información que estas organizaciones han dado a luz –estadísticas, rutas del tráfico de personas, metodología, actores implicados, etc.-, el tema de la trata de personas y la explotación sexual es un debate pendiente en toda la sociedad, porque sin demanda de servicios sexuales no hay trata ni explotación".

La legisladora señaló que "la importancia de la ley requiere extremar los esfuerzos para arribar a un consenso para aprobar la ley más eficaz. Una ley que demuestre verdadera voluntad política para combatir el delito de trata con fines de explotación. Una ley que le permita a nuestro país recuperar ese lugar de vanguardia que tuvo en 1913 con la llamada ‘Ley Palacios’, que combatía la trata de ‘blancas’ y la rufianería. Debemos erradicar definitivamente el horrible flagelo de la esclavitud de este nuevo siglo, que es la trata de personas con fines de explotación".

Desde el PRO apoyó en disidencia el proyecto oficialista. Nora Ginzburg le contestó a Gil Lozano que "no hay ningún iluminado ni dueño de la verdad".

El diputado Claudio Lozano denunció que "no hace falta una ley sino voluntad política" y se llevó todos los aplausos del público presente. Luego, junto con la diputada Norma Morandini pidieron que el proyecto volviera a comisión.

Para el legislador Miguel Bonasso, "las penas deberían ser más severas y consideró que el tema del consentimiento viola la presunción de inocencia de la víctima".

En este marco, la Cámara baja se encuentra tratando el proyecto que ya cuenta con sanción del Senado para penalizar la trata de personas. Cabe recordar que se trata de una iniciativa de la ex senadora, actual diputada, Vilma Ibarra que tipifica como delito federal la trata de personas, planteando penas que van entre los 3 y los 15 años; adecuando la legislación interna al Protocolo de Palermo.

La norma analiza el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes para la esclavitud sexual; la paidofilia; la apropiación de trabajadores en condiciones infrahumanas y otras formas de sometimiento servil y trabajo forzoso. Otorga además derechos y garantías para las víctimas de estas situaciones.

Según precisó la titular de la Comisión de Legislación Penal, Nora César, el Congreso completó un vacío legal cinco años después de que nuestro país suscribiera los pactos internacionales que instan a los estados a combatir la trata de personas.

Con dicha ley, se dará cumplimiento efectivo a la norma a través del Ministerio del Interior, que será el órgano de aplicación.