Se sancionó este miércoles una ley que define y establece penas para combatir la trata de personas, adecuando la legislación interna al Protocolo de Palermo firmado en el 2002.

Sin embargo, hubo voces de mujeres legisladoras que luego de luchar para realizar modificaciones al proyecto que contaba con media sanción del Senado, vieron fracasar sus esfuerzos y quedaron con un sabor amargo.

Con una luz de esperanza pero desconcertada y sin respuestas, la diputada nacional Stella Maris Córdoba es quien dentro del bloque oficialista se opone a la sanción de la ley por la Cámara baja.

Parlamentario.com entrevistó a la diputada tucumana.

– Desde todos los sectores se oyeron voces oponiéndose a esta ley. ¿Por que se sanciona?

– Muchos compañeros diputados le parece lo más adecuado aprobar lisa y llanamente el proyecto que viene del Senado por un tema de rapidez, ya que si hacemos modificaciones debe volver a la Cámara alta donde puede ocurrir que interpreten que el proyecto ha caído y que se vuelva a presentar otra iniciativa sobre Trata.

– ¿Cuáles son las objeciones que usted tiene a esta iniciativa?

– En títulos sería la mayoría de edad y el consentimiento.

– ¿A que se refiere con la mayoría de edad?

-El proyecto de ley hace una diferenciación entre los mayores y menores de 18 años, por lo que las mujeres mayores víctimas de la trata de personas son las mismas que deben entregarle al juez las pruebas de que fueron obligadas y no hubo consentimiento.

– ¿Cómo es la legislación en otros países en este aspecto?

– En otros países que están adaptando la legislación interna a las normas internacionales ya han cambiado este punto tan conflictivo porque se dieron cuenta que cuando se mantiene esta figura delictiva es muy difícil llegar a probar los casos de trata.

– ¿Por qué no se logran probar?

– Primero porque no se denuncian. Luego porque hay que hacer todo un abordaje intensivo con la víctima que logra escapar de la red de trata para que vuelva a confiar en la sociedad. Y si la victima es quien debe probar el engaño la coacción, la seguimos victimizando con el agregado de que el proxeneta tiene penas mínimas.

– ¿Está de acuerdo con una pena mínima de tres años para los acusados de trata?

– Me parece que estipular una pena de tres años no es coherente con la gravedad del delito y le favorece a la metodología que utilizan los tratantes.

– Entonces…¿Es una ley que va en contra de la victima?

– Si una mujer que se escapa de la red sabe que los proxenetas pagando una fianza mínima, pueden salir y caminar por las mismas veredas y pueden amenazarlas poniendo en peligro la vida de las víctimas. Me acuerdo el de Romina Gamarra en la provincia de Santa Fe, quien luego de encontrarse de frente con la persona que la sometió a la prostitución sufrió amenazas y fue al fiscal y dijo que había dado su consentimiento porque esa es la única manera que la dejan tranquila.

– No se comprende por que no se hicieron los cambios que todos piden…

– Habría que preguntarle a quienes han conducido las comisiones que por mayoría han firmado el dictamen que viene del senado. Creo que es por una cuestión de tiempo.

– Es decir, es una ley a las apuradas…

– No estoy en condiciones de afirmar eso. Pero sí puedo decir que todos los que la han votado dicen que al menos vamos a tener una ley; no será la mejor ley pero vamos a tener una ley.

– ¿Es una ley mala?

– No puedo decir eso. Yo no comparto el proyecto pero tampoco puedo juzgar como una ley mala. Hay que sacar la mejor ley posible.

– ¿Qué opinan de esto las organizaciones no gubernamentales?

– Muchas ONGs que luchan contra la trata y el sindicado de meretrices (AMAR) se han pronunciado a favor de los cambios.

– Entonces, repito la pregunta: ¿Por qué no se cambió?

– No encuentro una respuesta institucional porque no se hicieron modificaciones. La respuesta la tienen quienes condujeron el proyecto.

– ¿La ex senadora y ahora diputada Vilma Ibarra?

– Puede ser Vilma Ibarra y otros legisladores de la oposición que apoyaron la iniciativa.

– Algunos legisladores decían que el consentimiento no permitía ejercer libremente la prostitución a las mujeres…

– No estoy de acuerdo con ese criterio porque la mujer cuando quiere ejercer la prostitución como un medio de vida puede hacerlo libremente pero esta norma pretende penalizar las redes de trata con el fin de explotar a las personas, ya sea sexual o laboral. Además, no podemos hacer una ley amparando solamente el derecho de las prostitutas para trabajar. Por otra parte, las meretrices que asistieron a la reunión de comisión no ven a la prostitución como una trabajo sino alguien que la sufre y que espera que el Estado le de otra oportunidad.

– ¿Hay un conflicto de derechos?

– Entre la debilidad de las mujeres que sufren la trata y el derecho a ejercer la prostitución, el Estado se debe poner del lado de las más débiles. O sea, debe combatir la trata de personas. A parte, son dos extremos porque las condiciones de las victimas de trata son infrahumanas.

– ¿Se puede hacer modificaciones luego?

– Sí, espero. Pero será mucho más difícil porque operativamente se complica. Lo que no entiendo es porque no se hicieron los cambios ahora. Aunque si ya estamos pensando en cambiarla porque tiene lagunas, porque no se modificaron. Sin dudas, que con esta nueva ley va a hacer muy difícil procesar a los tratantes.

– ¿Hay una cuestión política?

– No. En esto comparto con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que los derechos humanos no son ni de derecha ni de izquierda sino que son de todos con un criterio de universabilidad.

– Ahora bien, ¿esta es una solución para la trata?

– No es la solución. Pero una buena norma que establezca un marco legal para tener una herramienta para poder llevar adelante los procesos judiciales.

– ¿Usted afirma lo que dice la diputada Fernanda Gil Lozano que esta ley brinda la seguridad del Estado y no a las víctimas?

– Así es. En esta norma falta el abordaje desde la víctima porque solo se limita al Protocolo de Palermo.

– ¿Qué sensación le provoca la próxima sanción de esta ley?

– Agridulce.