Avanza un proyecto presentado por la diputada kirchnerista Diana Conti que pretende acelerar los trámites y establecer un sistema de evaluación de jueces más flexibles.

La norma genera ciertas resistencias de quienes advierten sobre la posibilidad de generar una selección discrecional y “permeable a manejos políticos”.

Según señala el diario La Nación, el proyecto propone terminar con los exámenes anónimos y sorpresivos, abandonar las tablas con puntajes para evaluar los antecedentes de los candidatos y dar más importancia a la opinión que los consejeros se formen de los postulantes.

Conti argumenta que su objetivo es lograr “la discrecionalidad que me permiten la Constitución y la ley. La tarea de designar jueces es de orden político; es técnico, pero político”.

En la actualidad, los aspirantes a jueces deben presentar sus antecedentes profesionales y aprobar un examen secreto y anónimo que pone a todos los concursantes en igualdad de condiciones ante los jurados.

Una vez superadas tales instancias, los aspirantes a magistrados toman contacto con los integrantes del Consejo de la Magistratura, que de todos modos no tienen mayor margen para modificar el orden de mérito.

A partir de ello, se elaboran ternas que son remitidas al Poder Ejecutivo para elegir a los candidatos, tras lo cual el Senado debe darle el acuerdo.

Así lo establece la reforma constitucional de 1994 para limitar la discrecionalidad del presidente. La Constitución y la ley fijan las líneas generales del trámite. La letra chica está en el reglamento de concursos del Consejo, que es el texto que se pretende modificar.

Amén del objetivo kirchnerista de imponer su número para también manejar esta selección de jueces, todos están de acuerdo en la necesidad de agilizar los concursos. Lo malo es que no hay acuerdo sobre cómo hacerlo.

En ese marco, quienes critican la propuesta de Conti advierten sobre el peligro de que se le otorgue una mayor discrecionalidad a la comisión que elabora las ternas.

Rechazan renunciar a la tabla para medir los antecedentes, considerando que ello es altamente riesgoso, tanto como adelantar a los concursantes el contenido de los exámenes.

Por su parte, el jefe del bloque radical de Diputados e integrante del Consejo de la Magistratura Oscar Aguad sostiene que, en efecto, hay mucha burocracia en el sistema, pero “no creo que haya que apurarse a cambiar la modalidad de examen. El anonimato es una garantía de transparencia", dijo a La Nación.

El matutino señala que el plan de Conti incluye dos propuestas para agilizar el proceso: propone que no todos los candidatos lleguen al examen escrito, sino sólo aquellos que pasan un primer filtro, y establece una única etapa impugnatoria para todo el proceso. Pero el eje central es la modificación del examen escrito, que consiste en resolver casos prácticos. Hasta ahora, se presentan sin saber qué les van a tomar y la evaluación es anónima para que los jurados no sepan a quién están calificando.

Con este sistema hubo un alto porcentaje de reprobados (había secretarios y fiscales que aspiraban a ser jueces, y jueces que querían convertirse en camaristas). En el concurso para cubrir vacantes de la Cámara Federal porteña 14 de los 16 candidatos no alcanzaron un cuatro. Si se aprueba el nuevo proyecto, nadie con menos de cuatro podrá entrar en la terna.

"La etapa del examen en sobre lacrado se terminó", dijo Conti, que propone que el jurado presente los temarios una semana antes y que se publiquen en Internet.