Previsible repercusión en el Congreso de la denuncia contra el secretario de Medios.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Silvana Giudici (UCR Capital), afirmó que si “se comprueba la imputación a Enrique Albistur es gravísimo, porque estaríamos ante la mayor corrupción en materia de asignación de recursos para publicidad oficial en la historia, perpetrada además por quien tenia la responsabilidad de administrar esos recursos”.
Giudici, quien tiene presentados proyectos para lograr la distribución transparente de la pauta de publicidad oficial y para cambiar la ley de Radiodifusión de la Dictadura, subrayó que en caso de que el funcionario sea responsable de lo que se le acusa “el gobierno debe separarlo del cargo en forma inmediata e investigar todas las relaciones políticas del caso”.
La diputada afirmó que “esto sucede también porque a través de los superpoderes se incrementaron progresivamente las partidas asignadas a publicidad oficial que en la era Kirchner aumentaron más del 400%”.
Según consignan informaciones periodísticas, la denuncia fue realizada por el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, quien solicitó la “la declaración indagatoria como sospechoso del secretario de Medios de Comunicación, Enrique Albistur, por haber distribuido publicidad oficial en su propio beneficio”.
La denuncia publicada incluye al subsecretario de Gestión de Medios, Alejandro Lenzberg, y al director general de Comunicación, Gustavo Fernández Russo. Todos dependen de la Jefatura de Gabinete. Los hechos son muy graves ya que se señala que “Albistur habría beneficiado a empresas vinculadas con él, sus hijos y sus más confiables subalternos con casi 10 millones de pesos”.
“Venimos señalando que la publicidad oficial se asigna con criterios de premios para los medios amigos y castigos para los críticos, pero esta investigación del fiscal Garrido revela además la impunidad en la que se manejan los funcionarios que por otra parte son propietarios de empresas de publicidad, por lo cual esa doble función era incompatible desde su nombramiento como secretario de estado”, finalizó Giudici.